Impensable la continuidad en el 2018; los peores índices delictivos, dice la CNDH

Hugo Páez

El reporte del ombudsman nacional es aterrador.

Se presentaron más de 700 denuncias de violaciones a los derechos humanos en el 2017, comparadas con el año anterior, la mayoría contra las Fuerzas Armadas de Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón.

El dato obliga a repensar la opacidad de la Ley de Seguridad Interior, o la sospechosa intención de proteger la información que se genere en los operativos, al considerarla de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Luis Raúl González Pérez da soporte a la controversia constitucional por los artículos 9 y 31, interpuesta por el INAI de Francisco Javier Acuña, además de la presentada por la CNDH.

En el 2017 se dió la mayor masacre de los últimos 20 años en la cuenta de muertes dolosas, y la corrupción sigue siendo tema de medios de comunicación, de propuesta de leyes por parte del PRI, pero los hechos van en sentido contrario. El ejemplo más reciente son los esfuerzos de la Procuraduría General de la República por mantener bajo resguardo la investigación contra el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señala directamente a la dependencia de Alberto Elías Beltrán por negarle el expediente de la investigación federal contra Eugenio, para evitar su extradición a Estados Unidos, según la solicitud de la Corte de Texas, por lavado de dinero, fraude bancario y operar sin licencia un negocio de envío de dinero.

La autoridad de Tamaulipas capturó al ex gobernador del PRI por delitos en perjuicio de fondos públicos, motivo por el cual un juez lo amparó contra la extradición, bajo el argumento de que fueron cometidos en México, sin embargo, desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la Procuraduría integró investigaciones que lo implican con el crimen organizado, suficiente para extraditarlo, pero no lo entregan al gobierno tamaulipeco, esto presupone una poderosa mano protectora, como protegía también a Tomás Yarrington Ruvalcaba, y a Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, a Roberto Borge Angulo en Quintana Roo y a César Duarte Jáquez en Chihuahua, hasta hace unos días, pero las acciones de Javier Corral Jurado forzaron a la Procuraduría de Elías Beltrán y la Secretaría de Relaciones Exteriores de Luis Videgaray Caso a solicitar la extradición.

En las encuestas de percepción sobre corrupción, un partido no pierde la corona: El PRI, según información de Consulta Mitofsky de Roy Campos.

Tal vez es el leitmotiv que impulsó al PRI y a José Meade Kuribreña a presentar un proyecto legislativo anticorrupción, una ley más pues, a pesar de la brutal crítica de ONG´s y organismos empresariales sobre la saturación de leyes, que simplemente no se cumplen, en otras palabras: pirotecnia legislativa.

El proyecto de Meade propone: 1) Recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos, para canalizarlo a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres -¿porque a un fondo de becas? ¿porque se oye bien..? ¿porque vende en elecciones? ¿porque es feminista en un gobierno que tiene sólo 3 mujeres de 18 integrantes del Gabinete Legal? ¿porque es cool..?

El punto 2 asegura que va por aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos y el 3 que volverá obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.

Es patente la urgencia del PRI por tratar de arrebatar la lucha anticorrupción y anti impunidad a la oposición, por neutralizar el discurso de Ricardo Anaya Cortés y de Andrés Manuel López Obrador, pero desafina frente a un coro que puso oídos sordos durante años a las pillerías de los Duarte, de Borge, de Hernández, de Rodrigo Medina, y más que estuvieron, al menos en teoría, bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera de Alberto Bazbaz, ahora titular del CISEN, igual que la Secretaría de la Función Pública y de Gobernación de Miguel Osorio Chong.

¿Es creíble un compromiso de cambio de reglas en la continuidad del partido en el gobierno..?

Ya lo dirá la gran encuesta del 1 de julio, por el momento, las de hoy sugieren que el electorado NO da ese beneficio de la duda, esto es: impensable la continuidad.

“El puente del Tec de Monterrey estaba afectado… la tragedia pudo evitarse”: brigadista

Hugo Páez

“Mi padre arquitecto me alertó: ten precaución, el puente está dañado, el Tec tiene que hacer algo para evitar una tragedia”, me dice Camila, una brigadista del Tec de Monterrey Campus Ciudad de México.

Camila y su padre recorrieron las instalaciones un día después del sismo del 7 de septiembre (23:49 horas, intensidad de 8.2 grados Richter), al que siguieron infinidad de réplicas.

El 19 de septiembre a las 13:14 horas, un segundo gran sismo de 7.1 grados Richter desplomó el puente del Tec, fallecieron cinco personas y otros más resultaron heridos.

Ese martes por la mañana, la Brigada de estudiantes y Planta Física, conformada por trabajadores de la institución, realizaron el simulacro del sismo, conmemorativo del 19 de septiembre del 85. Relata Camila: “Me tocó sacar a la gente del piso de abajo del DAE, es el edificio del gimnasio, posteriormente, le comenté a la gente de Planta Física que jamás escuché ninguna alarma, jamás escuché alguna orden,  para mí fue muy difícil evacuarlos, tuve que dar las órdenes directamente”.

Le pregunto a Camila (pseudónimo, me pide guardar identidad), si estaba en el campus a la hora de la tragedia, responde que salió de clases a la 1:00 pm y se fue a su casa, pero hasta el momento no ha podido regresar a las instalaciones.

Admirable el valor de la joven que no duda en relatar los hechos, valiosos por su criterio y posición en la Brigada, conformada por 15 alumnos, igualmente preocupados, a los que consultó antes de publicar este artículo. Ese es el espíritu del que hablé el martes pasado en el artículo titulado: “Epicentro en el corazón del Tec de Monterrey” (http://ow.ly/wiVP30fmzl1). Cursé la licenciatura de arquitectura en el Campus Monterrey, y el posgrado en Telecomunicaciones Siglo XXI en el Campus Ciudad de México.

Lamentable el fallecimiento de estos cinco jóvenes, truncadas sus vidas y esperanzas. Se queda el dolor de las familias y sus compañeros, la comunidad del Tecnológico merece respuestas, Camila me habla de un optimismo admirable del alumnado, pero quedan demasiadas interrogantes, y el porqué de los hechos.

El hermetismo de las autoridades del ITESM es insostenible. El derecho a la información es parte fundamental de los derechos humanos. Hasta el momento, la comunidad mantiene total mesura, creen en sus autoridades, el silencio no es opción, pero si materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Luis Raúl González Pérez.  

La indignación crece con las horas, me comenta Camila: “Al entrar en la Brigada nos dicen que las instalaciones del Tec de Monterrey fueron construidas para aguantar sismos hasta de 9 grados Richter, por eso, al caerse el puente, todos estaban sacados de onda. Además, siempre nos han dicho que lo más seguro es quedarse en los edificios, la sorpresa fue que ocurriera esto en los edificios, en un sismo que ni siquiera llegó a 8 grados (7.1), nos ‘shockeamos’, toda la confianza se vino abajo”.

A las 12:33 horas intenté hablar con el director del Campus, Rashid Abella Yunes, contestó Cecilia Escalante y quedó de enviarle un mensaje y un correo para dar su versión, hasta el cierre de la edición no hay respuesta. Rashid tomó la dirección del Campus en enero de este mismo año, de manos de Pedro Luis Grasa Soler, ahora director metropolitano de los planteles Santa Fé, Estado de México y Ciudad de México.

No hablamos de un evento inédito, los movimientos telúricos en la CDMX se dan con cierta frecuencia. El sismo del 7 de septiembre prendió los focos rojos con una magnitud de 8.2 grados, y una larga duración, que, por supuesto, ameritaba un peritaje estructural a fondo, ¿se realizó..? es importante aclararlo para deslindar responsabilidades.

El reporte del peritaje será de gran valía para la investigación, el puente colapsó 12 días después del duro sismo, y el padre de Camila observó daños a simple vista, el tiempo le dió para alertar a su hija, pero al ver que la institución no emitió ningún comunicado oficial, estudiantes, maestros y trabajadores se confiaron y lo siguieron utilizando.

Me dice Camila: “En una de las anotaciones de la Brigada, registramos que en la parte de la Preparatoria hay un exceso de alumnos,  por lo tanto, en el puente que da al Cenote se congestionamiento demasiado, pasan muchísimas personas, el puente no fue cerrado o acordonado, yo subía por las escaleras y vi que lo seguían utilizando. Reiteramos que era necesario tomar medidas y no había forma de lograr un flujo ordenado de gente”.

“Los brigadistas no estamos capacitados para emitir dictámenes sobre algún daño estructural, pero tampoco recibimos alguna notificación de parte de Planta Física, o de alguna otra autoridad del Tec sobre alguna revisión o dañado en el puente, a veces nos coordinamos y otras batallamos para ponernos de acuerdo, falta personal, faltan muchas cosas”.

Terrible el capítulo en una de las instituciones más prestigiadas de México, ahora en manos del rector David Garza Salazar. El ITESM tomó el modelo científico - tecnológico del Tecnológico de Massachusset, y nació como un reclamo de libertad y autonomía de la sociedad civil y empresarios de Monterrey, encabezados por Eugenio Garza Sada, contra el centralismo presidencialista.

La muerte de los cinco jóvenes es una lección que no se debe repetir.

Tercera fuga del Chapo, mantas contra la Marina y EEUU no certifica en derechos humanos

Hugo Páez

“Los desplazados de Tamazula llegaron con los pies reventados por huir al monte a esconderse de elementos de la Marina… subsistieron esas 250 familias -600 personas- con Maseca y agua en tramos que les llevó tres días recorrer a pie hasta llegar a Cosalá Sinaloa, aterrorizados por la metralla de disparos al aire, las agresiones verbales e intimidación”, me dice Nuria González, Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH Sinaloa) (entrevista #NotaDeVoz https://goo.gl/bgZJaf).

El operativo de búsqueda de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en la sierra de Durango y Sinaloa provocó el éxodo en la sierra y de inmediato llegaron quejas de abusos del personal militar a la CEDH Sinaloa. Nuria se trasladó a la zona el 8 de octubre y recibió quejas formales contra la Semar por violación a los derechos humanos y las remitió a la CNDH de Luis Raúl González Pérez quien envió personal de la dependencia desde el 9 de octubre para darle curso a las diligencias.

Siempre en ausencia de datos precisos por parte de la autoridad, se habla de la accidentada escapatoria del Chapo en la que recibió heridas en el rostro y una pierna, en este tipo de atmósferas que propicia efectos colaterales, ayer en los municipios de Culiacán, Ahome y Salvador Alvarado aparecieron mantas “oportunas” contra la Marina por presuntos abusos de los operativos contra la población.

En un comunicado emitido el domingo, la dependencia del almirante Vidal Soberón Sánz dice lo contrario, asegura que no existe queja alguna de violación de sus elementos a los derechos humanos, pero la negación militar y la versión contraria de los organismos de derechos humanos se dan en momentos en que Estado Unidos bloquea parte de los recursos de la Iniciativa Mérida a México por “No poder certificar el respeto a los derechos humanos” como en otros años.

Se puede entender la urgencia del gobierno mexicano por recapturar al líder del cártel de Sinaloa, después de una segunda fuga que golpea terriblemente a la administración de Enrique Peña Nieto, sin embargo, los testimonios de los desplazados de la zona de Tamazula a Cosalá hablan de otra cosa, de intimidación, de agresión verbal, de terror con disparos al aire, todo parece indicar que con el propósito de limpiar esa parte difícil de la orografía en donde se supone se mueve Guzmán Loera.

La desinformación y los enredos en los organismos de seguridad pública del gobierno federal son de humor involuntario en el que aparece un Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, con desconocimiento de los operativos de las fuerzas federales en el Triángulo Dorado formado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Imagino que en la misma situación está el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el titular del CISEN Eugenio Imaz Gispert, pero aun, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general Moisés Melo García y el Secretario de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, precandidato a gobernador, dicen no saber si El Chapo está, o pasó por el estado

En la paranoia por fugas de información, probada en la evidente incompetencia con olor a corrupción del video con audio de la fuga del Chapo Guzmán, la Marina de nuevo se erige como el organismo de máxima confianza del gobierno federal y del de los Estados Unidos, pero esto últimos niegan la certificación de respeto a los derechos humanos, bajo el fantasma de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 normalistas.

Por lo pronto la tercera fuga ya se dio.

   

   

   

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Enredos del Ejército contaminan gira de Peña en Nueva York

Hugo Páez

En el peor de los escenarios para tocar un tema que se trató de evitar desde inicios del sexenio, Enrique Peña Nieto tuvo que reiterar, en el atrio de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, la disposición para ahondar en la investigación sobre la participación del Ejército Mexicano en la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México.

Se contaminó el propósito de la gira. Minutos antes participó con sus homólogos Michelle Bachellet, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos, pero  Tlatlaya fue prioridad para los medios internacionales, que, en juicio a priori, ven el enfrentamiento con presuntos delincuentes como una masacre de las Fuerzas Armadas de México.

Los nuevos datos refuerzan la duda. El Segundo Visitador de la CNDH Marat Paredes me dijo el domingo que los 22 cuerpos abatidos el 30 de junio dieron positivo en la prueba de radizonato de sodio. Ayer reveló a Milenio que dos de las mujeres supuestamente liberadas del secuestros estaban detenidas en el Estado de México por acopio de armas de fuego, otros dos huyeron al momento de los hechos y otros tres son testigo, por lo tanto, la información inicial de Sedena que habla de 22 en total, corroborada por el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez y el gobernador Eruviel Ávila, es producto de la desinformación propiciada por los militares.

La prueba de radizonato es un elemento más para integrar el perfil de los presuntos delincuentes, pero dudo que este y otros análisis en los cuerpos y en el sitio de los hechos, reviertan la idea prejuzgada de una ejecución sumaria.

Seguramente no es propósito de la Procuraduría General de la República ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ir más allá de la verdad jurídica, pero el historial de desaseos de las autoridades de seguridad pública, en directo inducen a la desconfianza.

¿Masacró el Ejército a 22 civiles, que, delincuentes o no, tienen derecho a juicio..? Es la duda con respuesta anticipada en un sector de la población convencida durante lustros del abuso de autoridad, y a las que el sentido común les dice que difícilmente en un enfrentamiento entre dos grupos mueren 22 de un lado, y ninguno del otro. Las edades de los abatidos fluctúan entre los 18 y 30 años, sin embargo, hay cinco personas entre los 40 y 45 años.

Corre la versión del origen nebuloso de la denuncia pública que reprodujeron la agencia AP y Esquire, la semana pasada, en la que una mujer vio a un grupo de soldados asesinar a su hija de 15 años a tiros y ejecutar a otros 21 civiles, una vez que se rindieron. La versión habla del grupo delictivo La Familia, como el interesado en desacreditar a las fuerzas armadas para inhibir los operativos.

Pero con independencia de los intereses en juego, esperamos de las dependencias de Jesús Murillo Karam y de Raúl Plascencia Villanueva, la realidad de los hechos. El Ejército no es ministerio público, juez y verdugo.

El director de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, declaró el viernes pasado que de confirmarse la versión de la madre: “Nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres en México”. Evidente el juicio a priori que tendrá que enfrentar el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos.

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¿Que espera Raúl Plascencia (CNDH) para intervenir en PEMEX..?

Hugo Páez

Mas de cien horas han pasado de la explosión en el edificio B2 de PEMEX con 37 muertos y decenas de heridos, ocho en condiciones graves, sin que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya interpuesto una queja de oficio, como lo hizo al día siguiente del motín de las Islas Marías el sábado pasado.
No son suficientes las sospechas, las dudas, ni el reclamo de Osvaldo Vite Gutiérrez, hijo de Gregorio Vite Valderrama, empleado de la contratista Copicosa que laboraba en el estacionamiento del edificio B2 y quedó atrapado sin que la autoridad lo escuchara, hasta que denunció en medios de comunicación que la maquinaria del Ejército entraría a remover escombros en el sitio donde sospechaba estaba atrapado el cuerpo de su padre. Ni el reclamo de los deudos de María de la Cruz Canales Gutiérrez quines denunciaron que el cuerpo en el Semefo no correspondía con la trabajadora de la petrolera, y gracias a la insistencia, ayer por la tarde los Topos reanudaron su búsqueda entre los escombros.
No se explica la tardanza de Raúl Plascencia para dar seguimiento formal a lo ocurrido en PEMEX, para llegar a la verdad, coincida o no con la oficial, amén de deslindar responsabilidades en cualquiera de sus resultados.
Aun cuando la autoridad federal concluya que la tragedia se debió a un accidente, el organismo de Raúl Plascencia deberá guiarnos para señalar, que, o quienes, son los responsables de negligencia. Y si de sabotaje se tratara, mas allá de responsables externos, aclarar el falló en la seguridad interna.
Apenas unas horas después del motín en el penal de las Islas Marías ocurrido el sábado, la CNDH solicitó el domingo al Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, la aplicación de medidas cautelares en favor de los internos, del Complejo Penitenciario “Islas Marías”, a efecto de que se garantice el respeto al derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población penitenciaria, evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes, brindar atención médica inmediata a las personas que lo requieran e impedir que se tomen represalias en contra de los internos que se amotinaron.
En el caso de la inundación de Tabasco el organismo actuó de oficio, sin embargo la tragedia de PEMEX y sus consecuencias en los trabajadores son medidas con una vara distinta, tal vez esperando la queja de algún particular para investigar, o alguna negativa de la petrolera a un solicitante que tendría que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información para aclara los hechos y deslindar responsabilidades.
Y en el supuesto de que el Consejo de Administración de PEMEX solicite clasificar la información como “Seguridad Nacional”, tendría que someter al criterio del Consejo Consultivo de la CNDH si la clasificación es suficientemente razonada para darle ese estatus, o la autoridad estaría obligada a darla a conocer.
Esa es una de las funciones del organismo autónomo que parece estar mas schockeado que el gobierno federal.

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