Hugo Páez
En una jugada previsible, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió aventar toda la culpa de la no publicación de la Ley General de Atención a Víctimas de Delito, al Presidente de la República.
Los alegatos, primero del Secretario de Gobernación Alejandro Poiré, y ayer del Consejero Jurídico de Presidencia Miguel Alessio Robles, tienen fundamento legal, pero están encaminados a evitar la aplicación de la ley para que no se revierta contra los actores involucrados en la lucha contra el crimen organizado.
Es mentira que se haya redactado al vapor. Las partes involucradas, incluyendo organizaciones sociales, abogados penalistas, legisladores, partidos y autoridades federales, tuvieron cerca de un año para presentar argumentos y redactar la iniciativa, sin embargo nadie le puso demasiada atención, y todos: legisladores, partidos y gobiernos, trataron de quedar bien con las víctimas en los meses previos y los oficiales de la campaña electoral.
En Los Pinos se esperaron a comprobar la derrota de Josefina Vázquez Mota para enviar observaciones que, según los tiempos marcados por la ley, están fuera de calendario, y dan pauta para que la Comisión Permanente del Congreso, como lo hizo ayer, le exija al Ejecutivo a que la publique a sabiendas de que Felipe Calderón recurrirá a la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar su aplicación.
Que entre en operación tal como está, implica llevar a tribunales a las autoridades involucradas en la lucha contra el crimen organizado. La ley protege como nunca a las víctimas al obligar a atenderlas con mas profundidad, al confrontar la estrategia de seguridad militarizada, y agudiza la atención a los derechos humanos, además de exponer abiertamente los saldos de la lucha contra el crimen en los que contabilizan mas de 60 mil muertes dolosas.
Existen organizaciones que esperan el último día del sexenio para cobrarle facturas al Presidente Calderón, a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa, de la Marina, Directores de Seguridad , mandos superiores y medios, que de una u otra forma estuvieron involucrados en la desaparición de cientos de personas, según reportes anuales de Raúl Plascencia, Presidente de la CNDH, y a las que también le achacan las víctimas colaterales que nada tuvieron que ver con el crimen organizado, pero resultaron muertas o heridas en enfrentamientos, retenes y operativos.
Sin perder tiempo, Javier Sicilia aprovecha la coyuntura del final de la legislatura para exigir al presidente que cumpla su palabra. No lo va a hacer, el Ejecutivo tiene argumentos legales para modificar la ley o promulgarla y de inmediato y enviar una iniciativa para modificarla. Pero mas allá de la ética, esta última opción implica un riesgo brutal, ya que las modificaciones en el Congreso podrían llevarse meses, quizás años, todo el tiempo que quieran las próximas bancadas, a las que nada les importará ver quemar en la hoguera de tribunales nacionales e internacionales, a las cabezas anticrimen de este sexenio, que para ellos estará en el pretérito.
Mientras el presidente decide, el Congreso responsabiliza a Calderón de incumplir su palabra, y de que las víctimas no tengan ley que las proteja, como él se los prometió.
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