Hugo Páez
En opinión de Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, la Ley General de Protección a Víctimas del Delito está tan mal diseñada que las víctimas pasarían por un vía crucis burocrático para ser reconocidas como tales, además de enfrentar a gobiernos locales que podrían declararla inconstitucional en algunos casos.
Bien, si hablamos de leyes mal diseñadas la primera en recordarse y que se mantuvo manoseada por meses en los medios de comunicación es la reforma electoral del 2007. Las normas ridículas derivaron en un altísimo número de spots, contrajeron los tiempos oficiales de campaña, no lograron la equidad, amordazaron a medios de comunicación y ciudadanos, y finalmente no se modificaron las sanciones y los delitos electorales mas frecuentes ya que resultaba inconveniente para los partidos políticos.
Mucho antes de la elección del 1 de julio, el diputado Agustín Castilla, uno de los mas enterados de las leyes electorales y enlace de la bancada del PAN en el IFE, empujó la iniciativa de reforma electoral hasta que el plazo y la indiferencia legislativa lo vencieron, incluida la del gobierno federal.
Transcurrieron las campañas en el terreno fangoso que había dejado el Congreso y la Secretaría de Gobernación jamás reaccionó como lo hace con la Ley de Víctimas.
¿Puede el Secretario de Gobernación desacatar la disposición del Congreso de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección a Víctimas del Delito..? No, según Humberto Benitez Treviño, Presidente de la Comisión de Justicia, bajo riesgo de ser llevado a juicio político.
Es evidente el temor del gobierno federal a promulgar la ley, no por las víctimas, sino por los funcionarios y las instituciones que participan en la lucha contra el crimen organizado.
Senadores del PRD se unieron a la postura del priista Benitez Treviño, argumentaron: "Ante el desacato de la Secretaría de Gobernación existen consecuencias legales precisas y, por supuesto, existen medios procesales que salvaguardan el contenido de la Constitución".
Agustín Guerrero, diputado del PRD señaló que la omisión en el cumplimiento por parte del titular de SEGOB para la publicación de la Ley General de Víctimas representa un obvio y efectivo perjuicio en contra de los intereses públicos de miles de mexicanos víctimas del delito y añadió: "La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senador José González Morfín para que, a nombre de la Cámara de Senadores, interponga solicitud de juicio político en contra del Dr. Alejandro Poiré Romero, por la omisión en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de abril del 2012 y respecto de la cual, se ordenó su publicación con fecha 29 de junio de 2012".
Pero en los tiempos de transición política las posiciones enfrentadas y las amenazas son moneda de cambio. Al presidente Felipe Calderón le urge una salida tranquila, segura y sin problemas a futuro; Enrique Peña Nieto busca un cambio de poderes ordenado y sin la turbulencia del 2006.
En los próximos días veremos si en la cumbre en Los Pinos entre el presidente saliente y el entrante, las víctimas fueron moneda de cambio. ¿Usted que cree?
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