Hugo Páez
El reporte del ombudsman nacional es aterrador.
Se presentaron más de 700 denuncias de violaciones a los derechos humanos en el 2017, comparadas con el año anterior, la mayoría contra las Fuerzas Armadas de Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón.
El dato obliga a repensar la opacidad de la Ley de Seguridad Interior, o la sospechosa intención de proteger la información que se genere en los operativos, al considerarla de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Luis Raúl González Pérez da soporte a la controversia constitucional por los artículos 9 y 31, interpuesta por el INAI de Francisco Javier Acuña, además de la presentada por la CNDH.
En el 2017 se dió la mayor masacre de los últimos 20 años en la cuenta de muertes dolosas, y la corrupción sigue siendo tema de medios de comunicación, de propuesta de leyes por parte del PRI, pero los hechos van en sentido contrario. El ejemplo más reciente son los esfuerzos de la Procuraduría General de la República por mantener bajo resguardo la investigación contra el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señala directamente a la dependencia de Alberto Elías Beltrán por negarle el expediente de la investigación federal contra Eugenio, para evitar su extradición a Estados Unidos, según la solicitud de la Corte de Texas, por lavado de dinero, fraude bancario y operar sin licencia un negocio de envío de dinero.
La autoridad de Tamaulipas capturó al ex gobernador del PRI por delitos en perjuicio de fondos públicos, motivo por el cual un juez lo amparó contra la extradición, bajo el argumento de que fueron cometidos en México, sin embargo, desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la Procuraduría integró investigaciones que lo implican con el crimen organizado, suficiente para extraditarlo, pero no lo entregan al gobierno tamaulipeco, esto presupone una poderosa mano protectora, como protegía también a Tomás Yarrington Ruvalcaba, y a Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, a Roberto Borge Angulo en Quintana Roo y a César Duarte Jáquez en Chihuahua, hasta hace unos días, pero las acciones de Javier Corral Jurado forzaron a la Procuraduría de Elías Beltrán y la Secretaría de Relaciones Exteriores de Luis Videgaray Caso a solicitar la extradición.
En las encuestas de percepción sobre corrupción, un partido no pierde la corona: El PRI, según información de Consulta Mitofsky de Roy Campos.
Tal vez es el leitmotiv que impulsó al PRI y a José Meade Kuribreña a presentar un proyecto legislativo anticorrupción, una ley más pues, a pesar de la brutal crítica de ONG´s y organismos empresariales sobre la saturación de leyes, que simplemente no se cumplen, en otras palabras: pirotecnia legislativa.
El proyecto de Meade propone: 1) Recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos, para canalizarlo a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres -¿porque a un fondo de becas? ¿porque se oye bien..? ¿porque vende en elecciones? ¿porque es feminista en un gobierno que tiene sólo 3 mujeres de 18 integrantes del Gabinete Legal? ¿porque es cool..?
El punto 2 asegura que va por aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos y el 3 que volverá obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.
Es patente la urgencia del PRI por tratar de arrebatar la lucha anticorrupción y anti impunidad a la oposición, por neutralizar el discurso de Ricardo Anaya Cortés y de Andrés Manuel López Obrador, pero desafina frente a un coro que puso oídos sordos durante años a las pillerías de los Duarte, de Borge, de Hernández, de Rodrigo Medina, y más que estuvieron, al menos en teoría, bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera de Alberto Bazbaz, ahora titular del CISEN, igual que la Secretaría de la Función Pública y de Gobernación de Miguel Osorio Chong.
¿Es creíble un compromiso de cambio de reglas en la continuidad del partido en el gobierno..?
Ya lo dirá la gran encuesta del 1 de julio, por el momento, las de hoy sugieren que el electorado NO da ese beneficio de la duda, esto es: impensable la continuidad.
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