Hugo Páez
Gracias a Aurelio Nuño Mayer cualquier Secretario o funcionario de dependencias de los tres niveles de gobierno podrán exigir la aplicación del estado de derecho a la autoridad correspondiente, principalmente a las fuerzas federales de la misma forma en que fueron concentradas en los puntos geográficos donde se aplicó la evaluación al magisterio.
A causa de la gran demanda se habla de insuficiencia de elementos de la Policía Federal de Enrique Galindo Ceballos para prevenir o atender puntos de conflicto. La necesidad de operar y a la vez capacitar complica el crecimiento, lo mismo pasa en la Sedena de Salvador Cienfuegos y en la Semar de Vidal Soberón Sánz.
Pero al Secretario de Educación no le falta atención, aún cuando la amenaza del magisterio es regional y debería ser atendida por la policía ministerial y municipal.
No obstante, la vocación de la Gendarmería como una de las siete divisiones de la Policía Federal tiene como objetivo proteger los procesos productivos en el país, así fue su lanzamiento con la entrada en operación en las cosechas de sorgo en Tamaulipas y zonas limítrofes. Se podría explicar la evaluación de maestros como parte de un proceso productivo lateral, bien, vamos a dejarlo en esa definición, sin embargo, a partir del virtual banderazo de Nuño Mayer como precandidato presidencial en la SEP, analistas políticos de pronto descubrieron la capacidad del Secretario para imponer el Estado de Derecho a diferencia de su antecesor Emilio Chuayffet Chemor.
Aurelio dio las gracias ayer a la Policía Federal por hacer posible el éxito de la evaluación, una situación que prueba la capacidad para aplicar la ley y la fuerza pública legalmente establecida en la Constitución, que en otros escenarios de protestas violentas no se ha hecho.
Podría enumerar decenas actos vandálicos impunes en una atmósfera de complacencia de la autoridad: la quema de la puerta Mariana de Palacio Nacional, el intento de incinerar granaderos de la SSP del DF, los ataques violentísimos al Congreso de Guerrero en Chilpancingo, al Palacio Municipal y al Tribunal Superior de Justicia, el asesinato de un expendedor de gasolina en la autopista del Sol, etcétera.
Entre los que sí quieren y los que no, como el fugaz ex gobernador de Guerrero Rogelio Ortega o el Jefe de Gobierno del DF Miguel Mancera Espinosa que corrió a Jesús Rodríguez Almeida de la SSP, debemos concluir que el Estado de Derecho es una decisión personal del gobernante aún cuando se jodan los ciudadanos.
En la épica electoral rumbo al 2018 algunas(os) columnistas hablan de la valentía de este Secretario de Educación, con el propósito de exaltar las virtudes de Hombre de Estado. A todas luces Aurelio es un proyecto presidencial, cuando menos una alternativa oficial sólida para enfrentar el complejo escenario electoral de la sucesión presidencial.
Mala cosa si la aplicación del Estado de Derecho es parte de una agenda electoral o de los intereses de gobernadores, esperemos que no, como dijo en su momento Nelson Vargas: “¡Estamos hasta la madre de eso..!”.
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