Hugo Páez
El mensaje fue claro, directo del
gobierno federal a las autodefensas de Michoacán, representadas en la figura de
José Manuel Mireles Valverde, y en el trato especial por el accidente aéreo: la
tolerancia indica que van por el camino correcto y cuentan con el apoyo de
Gobernación, Sedena y Policía Federal.
Ahora
les exigen el desarme, el regreso al estado de derecho.
Un
desarme que en el lenguaje llano de los levantados los deja a expensas del
crimen organizado que combatieron, entre ellos a los Caballeros Templarios.
Tal
vez faltó más profundidad en el planteamiento del Gabinete de Seguridad, ofrecer
una especie de amnistía que no los deje vulnerables al fuego enemigo, por eso
la petición de Hipólito Mora y otros líderes de autodefensas: primero que
exterminen a los criminales, sin embargo José Manuel Mireles se mostró de
acuerdo con los acuerdos y exigencias del Gabinete de Seguridad.
El
regreso a la rutina será un parto con dolor en una guerra declarada de
presuntos buenos contra presuntos malos, donde, como en toda guerra, se dieron
abusos en todos los frentes que aún no tocan la superficie.
El
gobierno federal no aguantó la presión de la opinión pública nacional e
internacional. Eran evidentes los ojos cerrados frente a la ilegalidad de los
civiles en pro de la justicia por su propia mano. Lo que pareció una solución
rápida -o la más rápida-, y más eficaz que el Ejército, la Marina, la Policía
Federal y las locales, terminó en una trampa criticada en todos los medios de
comunicación.
Ahora
vendrá el proceso de integrar a los levantados a la vida cotidiana, que se
conviertan en aliados de las fuerzas federales. Nada fácil para Miguel Ángel
Osorio Chong, Manuel Mondragón, Salvador Cienfuegos, Vidal Soberón y Enrique
Galindo Ceballos. Los capitanes y la tropa tienen una historia brutal de desencuentros
con la población.
Mientras
se dan los últimos toques de la Gendarmería, en teoría preparada para el trato
civil, para el servicio eficaz, firme y amable, habrá que vigilar muy de cerca
a la tropa para evitar abusos y corrupción, amén de todos los males que
convirtieron a las autodefensas en una mejor opción, sobre todo aceptada y
legitimada por sus comunidades.
La
Policía Federal avanzó en el tema. Sin embargo son proyectos de gran alcance y
tiempo, no hay más. La descomposición en los sexenios de Lázaro Cárdenas Batel,
Leonel Godoy y Fausto Vallejo lo confirman: 14 años construyeron un campo
minado que necesita toda la atención de las fuerzas del estado mexicano.
Lo hemos dicho, no solo
es Michoacán y Guerrero, trece estados en total agrupan un centenar de
municipios que optaron por armar civiles para tomar la justicia por su propia
mano ante la ineficacia, el abandono, o como se quiera calificar a los
organismos de seguridad pública a lo largo de tres sexenios. Por supuesto, con
la infame incompetencia e impunidad de sus gobernadores.
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