Hugo Páez
El uso de armas exclusivas del ejército y las fundadas sospechas de que las policías de Miguel Mancera alteraron hechos y la escena del crimen en el fallido rescate de Yolanda Ceballos Coppel, bastaría para que la procuraduría General de la República investigara el operativo en que fue asesinada. El 17 de noviembre del 2008 el presidente Felipe Calderón avaló la propuesta de Marcelo Ebrard y Mancera ocupó el cargo que dejó Rodolfo Félix Cárdenas por la actuación de la procuraduría capitalina en la tragedia del News Divine.
Fue la incapacidad para realizar una investigación objetiva y verás al interior de las corporaciones policiacas lo que le costó el puesto al entonces procurador. En el caso de Ceballos Coppel, las versiones oficiales se han cambiado por presiones de los medios de comunicación solo después de filtraciones y exigencias de organizaciones civiles y de derechos humanos. En la peor de las negligencias e incumplimiento del Acuerdo Nacional de Seguridad, firmado por Marcelo Ebrard en Palacio Nacional un año atrás, en el que se comprometía a coordinarse con las fuerzas federales, estatales y municipales, el procurador Miguel Mancera optó por no avisar del operativo a la procuraduría federal de Eduardo Medina Mora.
El primer día del secuestro, la familia de Ceballos Coppel dio aviso a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al día siguiente fue reportado a la PGR. Con sorpresa, las dependencias federales se enteraron del operativo fallido por la radio y televisión. En un principio se dijo que fue una llamada anónima a la procuraduría de Mancera, sin embargo, después se dio a conocer una grabación donde el chofer de Yolanda Ceballos, Gilberto Acebedo Gutiérrez, alertó a los agentes del gobierno del DF Rodolfo Servín Castañeda y Erasmo de la Rosa, que sería secuestrada.
El argumento más blanco podría explicar la acción del gobierno del DF como una competencia entre corporaciones en la que fueron por una medalla y regresaron con tres muertos, más el plagiario. Pero la contundencia de los hechos ha contradicho las versiones oficiales e invalidan la credibilidad de Mancera para investigar a su propia policía, además de que convierte el compromiso firmado por Marcelo Ebrard con los representantes más importantes del estado mexicano, en una farsa.
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