Hugo Páez
Puede ser estrategia del gobierno federal, más preciso, de Miguel Ángel Osorio Chong el esperar al hartazgo de los sectores productivos y de la sociedad, y sobre todo la merma económica regional en los bloqueos del magisterio disidente, sin embargo, en esta espera y “tolerancia” se asoma el temor de todo funcionario a manchar su futuro político, hasta concretar la promesa a empresarios oaxaqueños del uso legítimo de la fuerza pública contra la violencia de grupos radicales.
Saldrán las tesis a modo que expliquen la provocación de la CNTE y de grupos radicales con el propósito de manchar de sangre a Osorio Chong y al presidente Enrique Peña Nieto para nulificar al PRI en el 2018. En esta línea de razonamiento el titular de la SEP está eliminado.
Ese mismo argumento es funcional para explicar el retardo en la toma de decisiones del Jefe de Gobierno Miguel Mancera Espinosa para hacer frente a la contaminación del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Pero a los ciudadanos y electores nos importa un bledo el futuro político de los funcionarios, quien los nombró (contrató) o eligió fue para que hicieran su trabajo, y si para tales efectos deben utilizar la fuerza pública legítima normatizada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, NO es su decisión, es SU responsabilidad.
Habrá quien compare la comodidad de otros aspirantes presidenciales sin funciones de gobierno, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala Gómez del Campo y Ricardo Anaya Cortés, y si la comodidad del contrario la ven como desventaja, lo siento así son las cosas, pero está claro que es una visión errónea, probada el 5 de junio con un mensaje contundente. Los ciudadanos rechazaron la indecisión en todos los órdenes de gobierno para dejar de ser un país donde se tolera la violencia en todas sus manifestaciones, en detrimento del ciudadano común; reprobaron el entorpecimiento de las leyes anticorrupción, de transparencia y rendición de cuentas por complicidades, y donde no se respetan las leyes avaladas en el Congreso.
En esta cultura parece no importar el sacrificio y la satanización de policías y elementos de fuerza pública que ganan salarios de miseria, de verlos vandalizados y avergonzados postrados frente a un concierto de insultos y vejaciones en imágenes que inundan las redes sociales.
La tropa es humillada por decisión cupular, los más jodidos están en ambos lados de la trinchera, comparten el mismo nivel social, carne de cañón puesta al frente por los generales que dirigen esta contienda.
Habrá que preguntarle a Alejandro Martí si acaso ha visto eco de su grito desesperado en algún funcionario, lanzado en agosto del 2008: “Si no pueden renuncien”. Vamos para ocho años de esto, habrá que preguntarle si ha visto el vuelo de alguna golondrina.
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