Hugo Páez
“Los presuntos delincuentes muertos en Tlatlaya NO tienen el perfil de yihadistas” me comenta un ex funcionario federal de seguridad pública federal de primer nivel, ante la remota posibilidad de que no se rindieran al menos la mitad de los 22 presuntos delincuentes abatidos en una bodega de El Limón, ante la superioridad de elementos del Ejército.
Está viva la crítica a los derechos humanos en México de la canciller alemana Angela Merkel en el viaje del presidente Enrique Peña Nieto, del presidente de Estados Unidos Barack Obama y del Papa Francisco en la visita a nuestro país. No queda ningún militar detenido por la masacre, el manoseo de la Fiscalía del Estado de México y de los participantes en el operativo elimina toda posibilidad de prueba, pero está el testimonio de Clara Gómez González, madre de la joven víctima, que gracias a la revista Esquire exhibió los hechos más allá de la versión oficial.
“Las bandas delincuenciales se rinden al ver caer a sus primeros compañeros, los cálculos de la derrota son muy persuasivos”, me dice el experto. El hecho es que el Sexto Tribunal Unitario dejó en libertad por falta de elementos probatorios a Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, elementos de la Secretaría de la Defensa de Salvador Cienfuegos Zepeda.
Y en esas casualidades imposible en política, horas después del fallo del magistrado viene la filtración hecha nota principal del periódico Reforma contra Raúl Plascencia Villanueva, el ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que concluyó en octubre del 2014 que el Ejército ejecutó a 15 presuntos delincuentes de 22.
La CNDH ahora en manos de Luis Raúl González Pérez tendrá que analizar el fallo del Tribunal y emitir una postura sobre la recomendación de Plascencia Villanueva.
A pesar del fallo inapelable, la Procuraduría General de la República de Arely Gómez González tendrá que explicar la falta de acreditación de pruebas, y en todo caso reabrir la investigación por el flanco de las víctimas.
Habrá quien pretenda hacer ver el cuestionamiento al proceder del Ejército como defensa de los delincuentes, nada de eso, el historial de países donde se presenta esta tendencia, la violación a los derechos humanos empieza con argumentos de combate al crimen organizado, a las violentas bandas de delincuentes para instaurar el orden perdido, pero poco a poco se convierte en una fuerza de terror político contra los “incómodos”. No son esos tiempos, pero en México los sufrimos, un ejemplo es el emblemático 68 y el aniquilamiento sumario de miembros y acusados de pertenecer a la Liga 23 de Septiembre, Lucio Cabañas y seguidores y un largo etcétera.
El fallo del Tribunal Unitario basado en las mala investigación de la procuradora Arely Gómez González de nuevo exhibe a México como un país violador de los derechos humanos.
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