Hugo Páez
A once meses de la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, es la fecha de inicio de la crisis de credibilidad del gobierno federal, que arrastró a los otros dos niveles gobierno, a las instituciones, al Congreso, y terminó por hundir a los partidos.
La fórmula es sencilla, pero tiene la desgracia de encontrar la mayor resistencia el Legislativo, en el seno de la creación de las leyes. Los argumentos de transparencia y anticorrupción son excelentes para el discurso, pero los detalles impresos en las leyes secundarias no han encontrado eco en los primeros tres años del sexenio.
Emilio Gamboa Patrón habla de estas leyes faltantes en el Sistema Nacional Anticorrupción como una de las prioridades que abrirán el periodo ordinario de sesiones, pero habrá que leer la propuesta del PRI, el PAN presentó ayer en voz de Ricardo Anaya Cortés una serie de puntos que parecen el compendio de la exigencia ciudadana, pero habrá de pasar por la aplanadora del PRI - PVEM - PANAL en la Cámara de Diputados, y por el Senado.
A unos días del arranque de la nueva legislatura, las prioridades de todos parecen las mismas: transparencia, anticorrupción, ahorro en el gasto, combate a la pobreza y menos aspereza fiscal. Pero los detalles plasmados en las leyes secundarias marcarán la pauta, esas no necesitan mayoría constitucional y podrán ser mayoriteadas por el partido de Manlio Fabio Beltrones, veremos si hay disposición.
En el adverso escenario del país, con innegables ingredientes internacionales, pero con una gran responsabilidad de las decisiones del gobierno federal, el PRI no puede jugar a la simulación.
César Camacho Quiroz promete tomar decisiones incluyendo a sus verdaderos adversarios. Dice apostar por los consensos y la pluralidad. Pero Ricardo Anaya se adelantó con una propuesta de dos polos: Ley General de Combate a la Corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción, en sus leyes secundarias.
Para darle fuerza incluyó a Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana, Edna Jaime de México Evalúa y Luis Carlos Ugalde de Integralia en la presentación del proyecto de los grupos parlamentarios de Marko Cortés Mendoza y del pendiente coordinador del PAN en el Senado.
Se antoja ineludible la exigencia de transparencia del “3 de 3” que obliga a todos los servidores públicos a la declaración patrimonial, la fiscal y la de intereses, que además deberán hacerlas públicas.
Otro punto de la propuesta es albergar en una sola plataforma de base de datos los contratos de obras y servicios del gobierno federal, de los estatales y los municipales, también a disposición de los ciudadanos.
Por último exige que la Auditoría General de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción sean las encargadas de investigar a los funcionarios públicos, no la Secretaría de la Función Pública, como lo hizo Virgilio Andrade con la investigación sobre el conflicto de interés de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso en la Casa Blanca, la de Ixtapan de la Sal y la de Malinalco.
Sea quien sea el presidente de la república y el partido en el gobierno, la ausencia de transparencia y rendición de cuentas reales será su calvario.
Hasta el momento Peña Nieto se lleva la peor parte, según las encuestas de aceptación e imagen, independientemente si el origen del problema es municipal como el caso de Ayotzinapa en Iguala, o estatal como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, todos le han pegado al presidente.
Transparencia y anticorrupción no es un tema exclusivo de dinero y contratos, de tráfico de influencias o conflicto de intereses, en México es parte integral de la ausencia de la cultura de la legalidad en todos los estratos sociales.
Es tan común lo ilegal que es parte de nuestra normalidad, de la vida cotidiana.
Por ejemplo, al ex titular de Conagua David Korenfeld no le pareció ilegal el uso particular de un helicóptero de la dependencia, no solo a él, muchos analistas políticos lo vieron como poca cosa, como hacer una tormenta en un vaso de agua. Acabó crucificado por el abuso.
Ahora todos esos errores chicos o grandes permean hacia arriba. La asertividad ciudadana se volvió inquisidora como reacción al cúmulo de abusos durante décadas.
No sólo el PRI, también el PAN y el PRD pagan penitencias por los moches, el tráfico de influencias, las Montanas en las reuniones parlamentarias, la infamia de los 43 de Ayotzinapa con el alcalde José Luis Abarca de Iguala, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, del abuso del entonces delegado de Iztapalapa Jesús Valencia con camionetas de proveedores a quien volvieron a premiar con una diputación; la vergüenza del PRI por el ex gobernador Fausto Vallejo de Michoacán y su hijo Rodrigo en negociaciones con Servando Gómez “La Tuta”, y muchos largos etcéteras.
Lo dicho, hay fórmula: la real transparencia, la real anticorrupción y la real rendición de cuentas, pero hasta el momento los alquimistas no aparecen más allá del discurso.
Alguien dice en spots y discursos una y otra vez: “Pero soy optimista”, creo que ya me contagió, habrá que esperar a la nueva legislatura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario