Hugo Páez
Pecaría de ingenuo quien piense que el Poder Judicial de la Federación no revisa una y otra vez antes de emitir una resolución como la liberación de Rubén Oseguera González “El Menchito”.
Es evidente el escándalo provocado por un fallo como el de la jueza de Toluca Nadia Villanueva, sin embargo, la tónica en el máximo tribunal es parte de la tendencia internacional enfocada a la presunción de inocencia y derechos humanos, que no admite culpables fuera de elementos probatorios.
El ejemplo más destacado inició con el sexenio de Enrique Peña Nieto al dejar en libertad a Florence Cassez. Fue juzgada como secuestradora con una pena de 90 años de prisión que se redujo a 60a partir de ese momento quedó en tela de juicio los métodos del ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Ahora se trata de la actuación de la Policía Federal de Enrique Galindo Ceballos que mete en un aprieto a la Procuradora Arely Gómez González.
La violación a las garantías de Rubén Oseguera y Julio Alberto Castillo Rodríguez en la detención y por retención de los presuntos, antes de entregarlos a la autoridad ministerial, redujeron drásticamente el tiempo de la Procuraduría para consolidar el caso contra el hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, organización acusada de los ataques en Jalisco en los que fue derribado un helicóptero militar.
La sorpresiva liberación obligó a Arely a integrar más cargos para detener en la SEIDO a Rubén Oseguera, ojo, no está en la cárcel de nuevo, los federales lo detuvieron para cumplimentar una orden de localización y presentación por el presunto delito de desaparición de dos personas en Michoacán, y están en espera de reunir elementos suficientes para que un juez lo regrese al penal o lo libere.
Desde el anuncio de la detención los datos son imprecisos, la versión oficial no concuerda con las aceptada por la juez y de inmediato se filtró información, presumiblemente desde la Comisión Nacional de Seguridad para desacreditar a Nadia Villanueva mediante conjeturas que inducen a la liberación como producto de un acto de corrupción.
Qué otro propósito puede tener “la tarjeta informativa” más que una reacción mediática para limpiar la imagen de una Policía Federal incompetente, abusiva y mentirosa, según el fallo de la juez, que carga con el antecedente de los mandos corruptos del Aeropuerto de la Ciudad de México que controlaban hasta hace unos días el tráfico de ilegales, dinero en efectivo y droga.
Otro ejemplo es la banda de Policías Federales secuestradores en Acapulco Guerrero, en Matamoros Tamaulipas y los abusos contra inmigrantes, exhibidos en casos escandalosos como el Viacrucis del Inmigrante, que gracias al activismo del padre Alejandro Solalinde salió a luz pública.
En el Estado de Derecho no se trata de creencias, relaciones familiares o asociación de parentescos delictivos, se trata de leyes y organizaciones que reciben tal cantidad de recursos y no responde a las expectativas.
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