Hugo Páez
No hay otra forma de interpretar la probable candidatura de Cándido Ochoa Rojas a una diputación federal, que una flagrante burla del Partido Verde Ecologista Mexicano a los ciudadanos, principalmente a los de San Luis Potosí.
Después de la barbarie en Iguala con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y las implicaciones de funcionarios como José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ligados al crimen organizado, el discurso de los partidos políticos obligó a implementar mecanismos de investigación y monitoreo de candidatos, bajo el compromiso moral de no repetir la historia.
Una historia que en el caso de Cándido Ochoa repite elementos de duda razonable sobre esa probidad prometida. La muestra más reciente: el miércoles en la Sesión Ordinaria del Congreso de San Luis Potosí fue interrumpida por José Manuel Ruvalcaba García, ex subdirector de la policía ministerial, para señalar que en el 2012 se realizó una solicitud de juicio político al Congreso en contra de Ochoa Rojas cuando fungió como Procurador del Estado, por vínculos con la delincuencia organizada.
En esta casa editorial documentamos la infamia contra José Carlos Contreras Rodríguez, un sacerdote salesiano de 65 años que fue incriminado por Cándido Ochoa desde la procuraduría para imputarle asesinatos de jovencitas que asolaron al estado al cobrar 27 víctimas (http://goo.gl/fV425K).
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para librar el ámbito de manipulación de Ochoa Rojas desde la procuraduría de San Luis. El 21 de agosto del 2013, los ministros de la Primera Sala de la SCJN Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossio Díaz, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo por unanimidad lo declararon inocente y ordenaron su inmediata libertad.
Brutal el revés contra el que ahora busca una diputación por el PVEM, contra toda ética profesional, Cándido Ochoa fungió en el 2007 como abogado defensor del cura, en ese tiempo no dudó en declarar públicamente su inocencia, sin embargo, el gobernador Fernando Toranzo, frente a la presión pública por los feminicidios, le ofreció la procuraduría del estado, la aceptó y encarceló a José Carlos Contreras durante cuatro años, en pago fue promovido a Secretario General de Gobierno, puesto del que renunció el viernes pasado para buscar la candidatura a una diputación federal.
César Camacho Quiroz no cayó en el juego, rechazó otorgarle la candidatura a la diputación federal por el PRI, y ahora recurre al Partido Verde Ecologista en el que militan Arturo Escobar, el senador Pablo Escudero Morales, uno de los pocos políticos expertos en transparencia, yerno de Manlio Fabio Beltrones, y Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego.
Indudablemente es un caso más del funcionario que busca el blindaje y la protección de un partido político nacional. Es evidente que el rechazo del PRI a Ochoa Rojas exhibe al aspirante que incumple el compromiso de limpieza y probidad. Ahora esa decisión está en el partido que promulga penas mayores para delincuentes y trata de presentar una mejor cara a la sociedad.
Blog: http://hugorenepaez.blogspot.com/
twiiter: @hugopaez correo: hugopaez@prodigy.net.mx
www.hugopaez.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario