Hugo Páez
Podría reproducir la columna del 5 de noviembre del 2013, letra por letra, de vigencia frustrante en el recuerdo de que los temas de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, no están en la jerarquía de los intereses del Congreso.
Con el titulo: “Secretarios de Peña manos libres, la transparencia en el olvido” (http://goo.gl/IwdQ7L), diez meses atrás, a la primera provocación, el proyecto de la Comisión Nacional Anticorrupción regresaba como último de la fila.
No obstante, en esas fechas, el músculo del PAN y el PRD dentro del Pacto por México pudo hacerla realidad, hoy, el reclamo de los senadores Miguel Barbosa y Laura Rojas el domingo, en materia de transparencia, tendrá defensas mucho más flácidas.
El dominio del Gobierno Federal y el Ejecutivo en el Congreso impusieron el órden de las reformas al revés, primero abrir el arca y después poner los candados, y todavía falta ver el tipo de controles, ya que en los hechos las Secretarías y dependencias del gobierno federal, desde el inicio del sexenio los Órganos Internos de Control (contralorías) fueron ocupados por conocidos o amigos, escogidos por los propios controlados, al quedar descabezada a la Secretaría de la Función Pública.
La exigencia de noviembre del 2013 permanece intacta. En la inacción la oposición juega un papel tolerante, inadmisible y de olvido voluntario. La fotografía sigue vigente, en ese aquel momento esta columna registraba: “Los Secretarios pusieron a su “vigilantes” a modo. La diferencia en números son una radiografía, de pronto pareciera que se acabó la corrupción, los resultados de fincamientos se redujeron en un 90%. Anteriormente se expedían un promedio entre 20 y 40 casos mensuales por dependencia, de presunta corrupción, que bajo el nombre técnico se denomina: Fincamientos de Responsabilidades a Servidores Públicos. En la actualidad algunas secretarías no llegan al 10% de estos fincamientos en lo que va del sexenio.
Los Secretarios encontraron un limbo perfecto, el olvido es evidente mientras las bancadas del PAN y el PRD en el Congreso se preocupan más por disputas internas en sus partidos.
Por ejemplo, David Korenfeld propuso como titular del Organo Interno de Control de Conagua a José Ángel Guillén Jardines, ex director de administración de la Comisión del Agua del Estado de México, dependencia que estuvo a su cargo.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores José Meade Kuribeña tiene a Paulo Arturo Téllez Yurén como cabeza del OIC, viejo conocido de la Secretaría de Hacienda, donde fungió como Administrador Central de Coordinación Estratégica del SAT.
Rosario Robles Berlanga se trajo del Estado de México a Eugenio Aurelio Alvírez Orozco, ahí laboraba como funcionario del CONALEP, ahora es Director General del Organo Interno de Control de Sedesol.
Pedro Enrique Velasco Alvín, titular del OIC de la SEP fue Coordinador de Asesores de Emilio Chuayffet Chemor en el IFE, y director de área en Gobernación.
Expertos en auditoría gubernamental me comentan que al parecer no hay prisa por arrancar la Comisión Nacional Anticorrupción, y así podría alargarse buena parte del sexenio, peor aún, al debilitar la estructura de la Secretaría de la Función Pública se relaja totalmente el propósito de la auditoría central, solo queda la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Poder Legislativo, pero en realidad inspira temores momentáneos, su falibilidad es considerablemente mayor que la ex Función Pública al carecer de una estructura sólida y bien ramificada.
La narrativa del gobierno federal habla de muros, grilletes y mazmorras disuasivas, para todo aquel funcionario, legislador, o sistema de intereses gravitando alrededor de estos, que pretenda beneficiarse de las reformas estructurales por el acceso a información privilegiada y el tráfico de influencias.
No lo creo, mientras no se trate de un organismo anticorrupción constitucionalmente autónomo, poderoso y con participación ciudadana. .jpg)
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