Hugo Páez
No hay defensa ética cuando la autoridad permite durante lustros la impunidad y la narcocultura. Es lo que vive Sinaloa en estos momentos con muestras de estupidez como la declaración del alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix: invitó a promocionar el narcoturismo en el estado aprovechando la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, horas antes de una marcha en apoyo al capo de Sinaloa.
Hablé con Monseñor Jonás Guerrero, Obispo de Culiacán, sobre el pulso y la moral fragmentada que prevalece entre los ciudadanos, cientos de los cuales -tal vez más de mil- se congregaron ayer en el atrio de la Catedral como punto intermedio de la marcha: “Es el postmodernismo, la moral de lo práctico, por lo tanto, la inmoralidad”. A Jonás Guerrero le tocó pulsarlo en la misa del domingo, el día después de la detención de Guzmán Loera: “La gente estaba desconcertada”, me dice, pero en el momento no hubo muestras de apoyo o rechazo, simplemente confusión y sorpresa.
¿Cual es la sorpresa..? Que el capo más buscado por los Estados Unidos y México fuera aprehendido en el estado que lo vio nacer, en una zona donde se movía con relativa facilidad. Esa era la sorpresa. La autoridad en todos los niveles sabía de los movimientos del Chapo, como lo dijo el Arzobispo de Durango Héctor González. Bajo esta atmósfera permisiva de la cultura de la ilegalidad, las bandas criminales se convierten en protectoras de los ciudadanos y estos lo asumen como una normalidad. La moralidad de lo práctico, según las palabras del Obispo Jonás Guerrero.
No hay opciones, Enrique Peña Nieto debe instaurar la cultura de la legalidad y el estado de derecho. Debe actuar contra la red de funcionarios que protegieron al Chapo Guzmán y protegen a los cárteles del crimen organizado. No es una historia exclusiva de Sinaloa, es un cáncer en todo el territorio nacional.
La tragicomedia está llena de elementos peligrosamente absurdos. Las amenazas contra periodistas del Noroeste por investigar la participación de la autoridad local, en toda esta red de protección, derivó en la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En las fronteras del nerviosismo y la prepotencia, elementos de la Marina Armada escoltaron a dos mujeres que arrebataron celulares a civiles y una cámara a un fotógrafo del Periódico Noroeste, con el propósito de borrar las imágenes tomadas a la fachada del condominio Miramar -lugar de la captura del capo sinaloense- durante un nuevo operativo el martes por la mañana.
Una acción anacrónica, una estampa de la época de la censura, una agresión sin sentido cuando después del operativo del sábado, la Marina abandonó el edificio y ni siquiera fue acordonado departamento 401 del condominio Miramar, o protegido por el Ministerio Público. Periodistas de todos los medios entraban y salían de la escena del crimen pudiendo alterar con el tránsito el área de investigación. Los días subsecuentes la autoridad de nuevo realizó operativos de búsqueda e investigación en una área evidentemente alterada.
Consulté con Guillermina García Nevares, Directora Editorial del Noroeste sobre las medidas que toma la empresa para proteger a sus periodistas, y las posibles denuncias contra la autoridad. Ayer se reunieron funcionarios del periódico y la CNDH de Raúl Plascencia para consignar los hechos, otra reunión fue con representantes de la Fiscalía Especializada de la Procuraduría. Los hechos están documentados y se tomaron medidas cautelares.
La libertad de expresión es un derecho irrenunciable de ciudadanos y comunicadores, aun cuando esté expuesta a presiones, amenazas y acciones directas, los periodistas del Noroeste no van a detenerse, deberán tomar todas la precauciones necesarias, sin embargo, la autoridad federal debe garantizarles seguridad, como lo hicieron con Carlos Loret de Mola y los camarógrafos de Televisa, es parte del profesionalismo del periodista ganar información exclusiva, está en su papel, pero la autoridad no debe estar subordinada a la dominancia de un medio.
La crisis en Sinaloa puede transitar fronteras insospechadas, la noche del lunes, al filo de las 23:00 horas, un comando de 25 personas armadas interceptó al Magistrado Federal Miguel Ángel Velarde Ramírez del Segundo Tribunal Unitario de Circuito en Culiacán, se lo llevaron, platicaron, lo soltaron y se llevaron su automóvil Toyota. El poder judicial alerta a jueces, magistrados y todo el personal apostado en el estado, a tomar precauciones extremas.
Ningún gobierno se tomó en serio la necesidad de atacar a la cultura del crimen organizado, al narcoestilo, a la narcocultura manifestada en prendas, música y forma de vida. Ahí está la consecuencia de una moral fragmentada, de un umbral tan amplio que las nuevas generaciones no distinguen lo legal de lo ilegal. ¿Que se puede pedir a los ciudadanos si un alcalde se siente ingenioso al proponer rutas de narcoturismo para beneficio del estado? La estupidez no tiene límites.
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