Hugo Páez
Ni un
milímetro para atrás, las Secretarías y Dependencias Federales continúan en el
paraíso de transparencia desde el momento en que se les permitió sugerir a sus
propios contralores, a sus vigilantes, en complacencia del encargado del
despacho de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde.
La creación de la Comisión Nacional
Anticorrupción está cada vez más lejana. El 6 de diciembre del 2012 las
bancadas de Gustavo Madero y Jesús Zambrano aprobaron junto con el PRI cambios
a la Ley de Administración Pública que debilitaron a la Secretaría de la
Función Pública, además de dejarla acéfala y sin fuerza necesaria para establecer
una red de titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) en las
dependencias.
Se perdió el propósito de
transparentar la operación ya que Julián Olivas, Subsecretario de
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, aceptó a
todos los auditores propuestos por Secretarios y Directores Generales, como se informó
en agosto.
Así podemos
ver, por ejemplo, que David Korenfeld propuso como titular del Organo Interno
de Control de Conagua a José Ángel Guillén Jardines, ex director de
administración de la Comisión del Agua del Estado de México, dependencia que
estuvo a su cargo.
En la
Secretaría de Relaciones Exteriores José Meade Kuribeña tiene a Paulo Arturo
Téllez Yurén como cabeza del OIC, viejo conocido de la Secretaría de Hacienda,
donde fungió como Administrador Central de Coordinación Estratégica del SAT.
Rosario Robles
Berlanga se trajo del Estado de México a Eugenio Aurelio Alvírez Orozco, ahí
laboraba como funcionario del CONALEP, ahora es Director General del Organo
Interno de Control de Sedesol.
Pedro Enrique
Velasco Alvín, titular del OIC de la SEP fue Coordinador de Asesores de Emilio
Chuayffet Chemor en el IFE, y director de área en Gobernación.
La lista es
enorme, los Secretarios pusieron a su “vigilantes” a modo. La diferencia en
números son una radiografía, de pronto pareciera que se acabó la corrupción,
los resultados de fincamientos se redujeron en un 90%. Anteriormente se expedían
un promedio entre 20 y 40 casos mensuales de presunta corrupción, por
dependencia, el nombre técnico es Fincamientos de Responsabilidades a
Servidores Públicos. En la actualidad algunas secretarías no llegan al 10%, en
lo que va del sexenio.
Los
Secretarios encontraron un limbo perfecto, el olvido es evidente mientras las
bancadas del PAN y el PRD en el Congreso se preocupan más por disputas internas
en sus partidos.
Expertos en
auditoría gubernamental me comentan que al parecer no hay prisas por arrancar
la Comisión Nacional Anticorrupción, y así podría alargarse buena parte del
sexenio, peor aún, al debilitar la estructura de la Secretaría de la Función
Pública se relaja totalmente el propósito de la auditoría central, solo queda
la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Poder Legislativo, pero
en realidad inspira temores momentáneos, su falibilidad es mucho mayor que la
ex Función Pública al carecer de una estructura sólida y bien ramificada.
“El México que
todos queremos” no está para este tipo de descuidos, aun cuando el PAN,
PRD, PT y Movimiento Ciudadano estén prestos a señalar corruptelas del
gobierno federal, aunque fueron parte de este desmantelamiento y del olvido que
no exige en tiempo y forma la creación del organismo anticorrupción. Mientras
tanto, las Secretarios y directores de dependencias en su paraíso.
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