Hugo Páez
Cuando Enrique Peña Nieto presentó la publicación de la Ley General de Víctimas el 9 de enero, casi con la única presencia de Javier Sicilia como activista del grupo de líderes de la sociedad civil dedicados a la seguridad pública, la opinión en el sector fue que el presidente cedió a presiones sin considerar los terribles errores en la redacción de la ley congelada, vía controversia constitucional, por Felipe Calderón Hinojosa.
El martes la foto fue distinta. ¿Qué convenció a María Elena Morera y Alejandro Martí unirse a las modificaciones de las malechuras de la Ley..? precisamente que el Frankenstein publicado por Humberto Castillejos, Director Jurídico de Presidencia, la haría inoperable y serviría de instrumento legal de muchos vivales, entre ellos los delincuentes.
La cirugía mayor que propusieron en la Cámara de Senadores ante Emilio Gamboa Patrón, Miguel Barbosa y Manuel Camacho Solís, en ausencia del presidente de la Mesa Directiva, el panista Ernesto Cordero Arroyo, toca el 80% de los artículos y suprime otros.
La puesta en escena de la Ley provocó grandes preocupaciones desde su promulgación y aceleró la urgencia de las modificaciones el 9 de febrero, día en que entró en vigor, no obstante, la norma funcionará tal como está mientras el Congreso no aprueba las modificaciones propuestas por Sicilia, Morera y Martí, amén de que habremos de sumarle el tiempo de debate legislativo y las modificaciones que vengan en las dos Cámaras, a las modificaciones presentadas.
Mientras tanto Felipe Calderón Hinojosa debe estar en Harvard pensando: “Se los dije”.
El martes 7 de febrero, dos días antes de la entrada en vigor de la Ley escribí en este espacio: Antes de tomar posesión Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, Felipe Calderón le ofreció cargar con el costo político de la Ley General de Víctimas para evitar publicar la aberración llena de carencias y deficiencias legales que vetó.
La propuesta de Calderón era que el Congreso corrigiera la Ley y el nuevo presidente promulgara la correcta. La operación requería la voluntad de Peña en una operación de cabildeo en las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde, principalmente.
El Presidente Electo rechazó el ofrecimiento ya que se había comprometido con líderes sociales a retirar la Controversia Constitucional del gobierno de Calderón, y la publicó el 9 de enero del 2013, para entrar en vigor pasado mañana 9 de febrero.
Los cálculos mas conservadores estiman indemnizaciones, reparación de daños y ayudas en un millón de millones de pesos anuales (billón), ya que la redacción es un terreno fértil para que cualquier tipo de víctima, desde el que sufre un robo de automóvil, el patrón al que le roba el empleado, hasta los que sufren delitos mayores y sus deudos podrán demandar un sinnúmero de beneficios a cargo del estado.
El cálculo conservador se basa en la estadística: se cometen 2 millones de delitos al año, si al menos el 50% de la víctimas reclama reparación del daño, topado en 971 mil pesos (500 salarios mínimos), resulta a grosso modo el billón de pesos.
Entre la publicación de esa columna y el 19 de febrero, día en que los activistas presentaron las modificaciones en el Senado, ocurrió un vuelco interesante en temas relacionados: la liberación de Florance Cassez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el amparo de Pedro Sánchez González, secuestrador de Pedro Galindo, bajo el argumento de que “violaron sus garantías”.
La gran ironía es que Florance Cassez y Pedro Sánchez, los dos sentenciados y encontrados culpables de secuestro, crimen organizado y portación de armas, por tribunales de la materia, podrían ser beneficiados por la Ley General de Víctimas. No se pueden negar los derechos humanos de los delincuentes, ni rechazar que la incompetencia y brutalidad policiaca los convierta en víctimas, sin embargo, será frustrante -tanto como ver a Cassez libre en París en la recepción presidencial en el Palacio de Gobierno francés- que los primeros beneficiados de la Ley General de Víctimas sean dos destacados delincuentes.
Basta analizar algunos pequeños detalles de las modificaciones propuestas para estimar el tamaño de las malechuras. Por ejemplo, en el Artículo 4.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que de forma inmediata hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Las palabras en negritas señalan las modificaciones a la redacción del artículo, esto es, sin agregarle “físicas” a la definición de persona, las “personas morales” podrían convertirse en víctimas, o sea, las empresas.
La otra, el agregado “de forma inmediata” a la persona que haya sufrido el daño, evita que alguien salga después de 20 años a decir que fue víctima, y reclame la reparación del daño.
Dos ejemplos sencillos pero ilustrativos por los que el Congreso tendrá que trabajar a marchas forzadas.
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