Hugo Páez
Uno de los temas mas destacados en la gira de Enrique Peña Nieto en Europa fue, como se esperaba, la seguridad pública que va de la mano con la recuperación de la confianza en el país, denostada en la opinión internacional por la violencia que aumentó gradualmente a lo largo de los seis años de la administración de Felipe Calderón.
Al cierre del sexenio los números son preocupantes, sumados a la sensación de impotencia a cuatro años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad.
Los líderes de las ONG’s especializadas en seguridad pública concluyen que Peña Nieto deberá hacer grandes cambios, continuar con los acuerdos modificando lo inservible, pero sobre todo, metiendo mano al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Como eje de los acuerdos deberá evaluar al SNSP para redefinir su función. Fue terrible la simulación en que los gobernadores de los estados firmaron los Acuerdos, se comprometieron, y al final no cumplieron su palabra.
Lo peor: no hubo consecuencia alguna. Unas posiciones fueron totalmente cosméticas, vestidas de un falso voluntarismo que solo sirvió para la foto.
En Francia, Peña Nieto anunció la creación de la Gendarmería a partir del modelo francés, se perfila como uno de los frentes mas importantes en el combate al crimen organizado.
En los días esa misma gira, el equipo de transición filtró un documento en el que estiman reducir los asesinatos dolosos en un 50% en el primer año de gestión. La promesa tiene sus riesgos, sobre todo con un nuevo esquema que no ha sido probado, pero significa que el equipo de transición tiene confianza en lo que se va a hacer.
Los programas empiezan a aterrizar en tiempo y forma, reestructurar el SNSP es vital para construir nuevos compromisos de seguridad con las 32 entidades federativas dotadas de autonomía constitucional.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública es la instancia que sienta las bases de coordinación, así como la distribución de competencias, en materia de seguridad pública entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública como instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas.
Entre las atribuciones mas importantes destaca la formulación y evaluación de las políticas y estrategias en materia de seguridad pública.
El Sistema propone y evalúa el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia y regula los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública, además de determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública. Determina la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, entre otras.
Según el reporte de María Elena Morera, a cuatro años de la firma de los acuerdos, muchos de los gobernadores no cumplieron. Enrique Peña Nieto lo firmó como gobernador del Estado de México y conoce a detalle los problemas de las entidades en el proceso de homologar un plan nacional contra el crimen.
También sabe Peña que muchos de sus compañeros mantienen las cosas como antaño. Esa es la parte mas difícil, esa es la que necesita de una estructura y reformas de ley que castigue la indiferencia, complicidad y corruptelas de gobernadores y alcaldes. No hay otro camino.
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