Hugo Páez
Por si faltaran argumentos al PAN y PRD para señalar a los estados gobernados por el PRI, como los que concentran el mapa delictivo del país, la masacre de 44 procesados en el penal de Apodaca Nuevo León y el incendio ayer en el edificio, resaltan una cadena de corrupción que facilitó el enfrentamiento entre Zetas y miembros del Cartel del Golfo, además de la fuga de 30 reos de alta peligrosidad.
Después de la tragedia, el gobernador Rodrigo Medina argumenta sobrepoblación en el Centro de Readaptación, como si el exceso de reos provocara el desborde por hacinamiento, cuando en realidad los actos de corrupción es lo que desborda el estado, desde inicios de la administración.
Peor aun, las autoridades federales han trasladado internos a cárceles de la federación cuando las locales lo han solicitado. En Apodaca nadie lo solicitó, según palabras del Subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, Patricio Patiño.
El vocero de seguridad, Jorge Domene, hizo cuentas frente a los medios, con la resultante de 2,514 internos, cuando el penal está calculado para 1,522, por lo tanto, 992 reos sobran en el Cereso de Apodaca.
A la par del escándalo en el estado gobernado por el PRI, el presidente del partido, Pedro Joaquín Coldwell, revela y denuncia una grabación de audio en la que presuntamente Luisa María “Cocoa” Calderón, promueve su candidatura a la gubernatura de Michoacán con recursos federales.
Voluntaria o involuntariamente, el líder del PRI amortigua el escándalo en Nuevo León, volteando reflectores mediáticos, o tratando de, hacia lo que llamó una elección de estado en los próximos comicios presidenciales.
Son los espacios de la intercampaña que prácticamente silenciaron a los candidatos Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri; y desatan una contienda paralela con el propósito de desacreditarse unos a otros, o mejor dicho, en una avalancha de información útil para la toma de decisiones de los electores.
Apodaca redimensiona el estado de inseguridad, la corrupción y la ineficacia de las autoridades. Meses atrás, Monterrey vivió otra masacre con 52 asesinados en el Casino Royale, en ese momento, Medina y el alcalde panista Fernando Larrazabal desviaron la atención a la federación, supuestamente por liberar permisos de casinos sin control.
En menos de seis meses, Nuevo León bate record de inseguridad en dos eventos de máxima brutalidad del crimen organizado. Los narcobloqueos, ejecuciones, extorsiones, robos, secuestros, el Casino Royale y el Cereso de Apodaca, convirtieron el estado en epicentro del mapa delictivo.
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