Hugo Páez
La intentona de Pedro Joaquín Coldwell y el pésimo manejo mediático de la Procuraduría General de la República en el cambio del Fiscal Especial Para Delitos Electorales, José Luís Vargas, fue suficiente para sembrar de dudas el trabajo futuro de Imelda Calvillo.
En las primeras horas del lunes, el presidente del PRI trató de reventar la remoción, programada desde el año pasado en la dependencia de Marisela Morales, sin embargo, urgencias mayores en cambiaron el calendario en la FEPADE. Se privilegió la limpieza en la Policía Ministerial, agentes del Ministerio Público y la SIEDO, mientras tanto, el tiempo fue aprovechado por Vargas para madurar en el PRI la idea de que el gobierno federal necesitaba un fiscal a modo de su conveniencia electoral. El periodista Joaquín López Dóriga sugirió en su columna de Milenio que Areli González rechazó ese tipo de presiones en la FEPADE.
Falta probar la versión de Coldwell, según la cual Vargas trató de acordar con los partidos una especie de no agresión con el tema del narcotráfico. De ser así, ningún fiscal ni autoridad electoral están para sugerir temas o censurarlos, por buenos que sean los propósitos, o se trate de pacificar las campañas.
Corresponderá a la Procuraduría probar las imputaciones que ameriten una averiguación previa contra cualquier personaje, sin importar partido ni tipo de delito. Nada mas faltaba que los presuntos censores consideren a los ciudadanos incapaces de tomar decisiones, ya que cualquier partido puede denunciar actos ilícitos.
En el 2007 el Congreso trató de blindar a los candidatos contra propaganda que dañen su imagen, sin importar la veracidad de la información. Afortunadamente la información se abrió paso en las condiciones mas autoritarias, la historia lo demuestra, en la actualidad las redes informáticas rompen cualquier intento por mantenerla oculta, a diferencia de los medios de comunicación electrónica, regulados por la autoridad electoral a partir de leyes convenencieras, diseñadas en el Congreso.
Las fiscalías especializadas en delitos electorales han demostrado menos capacidad de operación de la esperada. Las denuncias, recopilación de pruebas y expedientes, sumado a la confusión de la territorialidad de autoridades estatales, federales, Institutos electorales regionales y de la federación, mas los tribunales de la materia, en los dos niveles de gobierno, meten en un laberinto burocrático a los denunciantes; por eso vemos que los titulares de la FEPADE han jugado un papel poco determinante, casi imperceptibles en las elecciones trianuales o sexenales.
Desde esta perspectiva, el ruido por la remoción de José Luis Vargas está cargado de propósitos mediáticos, mas que prácticos; pero es la guerra por el poder presidencial. Y oficialmente todavía no empieza.
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