Hugo Páez
Cuando el joven Fernando Martí fue secuestrado y brutalmente asesinado, la presión social llegó a tal grado de efervescencia que el presidente Felipe Calderón convocó a un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL).
Lo firmaron el 21 de agosto del 2008 gobernadores, coordinadores parlamentarios, gabinete de seguridad, representantes de la sociedad, entre ellos María Elena Morera y Alejandro Martí, y hasta representantes de los medios de comunicación.
Aún con mi ateismo me pregunto porque no convocaron a la iglesia, si en Italia fue uno de los factores fundamentales en la prevención del delito y lucha contra el crimen organizado. Debe ser por los prejuicios que perviven a pesar de que quedaron muy atrás los traumas oficiales de la Constitución de 1857. Paréntesis, lo que está pendiente es eliminar el fuero político de senadores, diputados, gobernadores y presidente de la república, tal como fue eliminado en esa carta magna el fuero militar y el religioso.
Ese acuerdo grandilocuente contra la inseguridad firmado en Palacio Nacional quedó como todos los proyectos gestados como producto de una tragedia: en un escenario para la foto y un documento que cada año da dolores de cabeza al gobierno federal porque no se cumple. Recuerdo que Roberto Campa leyó mas de setenta compromisos, algunos muy específicos. Al poco tiempo el presidente Calderón lo corrió de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en ese año dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Genaro García Luna. Al paso de los meses, Jorge Tello Peón fue nombrado secretario técnico y logró quitarle a García Luna el SNSP.
La terquedad y autoritarismo de Tello Peón poco a poco le ganó la animadversión de sus ex colaboradores, entre ellos se encontraba Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, además del titular de la SSP.
Tello dejó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y Calderón nombró Miguel Alcántara Soria, después de una frustrada competencia por tomar la PGR en sustitución de Eduardo Medina Mora que fue nombrado embajador en Inglaterra. La fracción priista del Senado vio a Alcántara Soria como una amenaza contra sus gobernadores, que habían sido amenazados por el ex presidente del PAN Germán Martínez Cázares en plena campaña electoral para renovar la Cámara de Diputados.
Así transcurrieron meses de la convocatoria presidencial hasta cumplir un año en octubre del 2009. Una de las firmantes, Maria Elena Morera, había concluido su gestión al frente de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia, fue sustituida por Ana Franco, quien hizo una excelente evaluación del avance del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, asesorada por un grupo de analistas universitarios, la conclusión en palabras de Franco fue: "Los resultados no son satisfactorios, de hecho son reprobatorios, con una calificación global del Acuerdo de 4.8, lo cual es inaceptable en vista de la magnitud de los compromisos asumidos dada la gravedad del problema de inseguridad que vivimos todos los días".
El martes por la mañana en una conferencia a los medios de comunicación, el presidente Calderón hizo un llamado a las fuerzas del estado, en especial a las políticas, a formar un frente común contra la delincuencia. La aparición fue interpretada por el PRI como una actitud oportunista, la cúpula habían anunciado una reunión en Tamaulipas y un pronunciamiento por la muerte del candidato Rodolfo Torre Cantú.
La molestia no fue gratuita ya que unas horas antes, la candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el PAN, Adrina Dávila, cercana a Felipe Calderón y Cesar Nava, había culpado al PRI por la muerte de Torre Cantú, con el argumento de que los gobernantes del PRI no cooperaban con el gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado. La petición hizo ver a un presidente desesperado, repetitivo en sus discursos y sin opciones alternas, solo con una visión electoral que terminó en convocatoria para salir del paso. La acusación de oportunismo fue reforzada por otras decisiones electorales como las declaraciones del Secretario de Hacienda Ernesto Cordero que pintaron una economía en franca recuperación, el del Trabajo Javier Lozano que anunciaba un repunte en el empleo y el de Salud José Ángel Córdova Villalobos que desempolvó la epidemia del virus AH1N1 para darle muerte nuevamente y decretar un triunfo sanitario para México.
Pero el enfoque electoral mas destacado de las acciones tomadas por el gobierno federal inmediatamente después del tamaulipazo se dio ayer con la renuncia de Arely Gómez, Fiscal Especial para Delitos Electorales (Fepade). El 15 de junio, Impacto publicó sobre la intención de despedirla bajo el pretexto de incompetencia y bajos resultados, lo cierto es que se resistió a facilitar un conflicto postelectoral a favor de la candidata perdedora del PAN Beatriz Zavala en la elección de Mérida Yucatán. La posición de Arely prendió focos rojos en el gobierno federal y el panismo que apuesta a ganar algunas gubernaturas de la elección del 4 de julio en los tribunales electorales.
Tomar nuevas acciones contra el crimen organizado es urgente, junio terminó como el mes con mas ejecuciones en lo que va del sexenio con 901 muertes dolosas. La convocatoria del presidente Calderón para crear un frente común contra el crimen dio espacios a la oposición para exhibir el fracaso de su lucha y la incongruencia de pedir apoyos al golpeado, al PRI que lo ayudó en su toma de posesión en el 2006, que en palabras de Andrés Manuel López Obrador, el toma y daca es un pleito entre cómplices.
El calendario y la urgencia de triunfos obligan a Calderón a gravitar las decisiones alrededor de un centroide electoral, imponer a Mony De Swaan como presidente de Cofetel, en sustitución del “amigo” de Televisa Héctor Osuna, es uno de los pendientes que no podía aplazarse, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con su enorme capacidad de obra civil y otorgamiento de concesiones de frecuencias de radio y televisión van a ser un factor fundamental en las manos del panista Juan Molinar Horcasitas, que ve en la Cofetel un molesto organismo regulador, con atribuciones de otorgarlas y suspenderlas. Ahora va a estar bajo el control de su ex coordinador de asesores Mony de Swaan. Nada que escandalice al PRI, amnésicamente escandalizado al ver en manos ajenas y en tiempo presente, los métodos del pasado.
Blog: http://hugorenepaez.blogspot.com/
hugopaez@prodigy.net.mx
http://twitter.com/hugopaez
No hay comentarios:
Publicar un comentario