Hugo Páez
El día en que Purificación Carpinteyro mostró al presidente Felipe Calderón el disco con grabaciones telefónicas ilegales a Luis Tellez en Los Pinos, había dos abogados frente a la entonces subsecretaria de Comunicaciones: Fernando Gómez Mont y el propio presidente.
A todas luces el CD contenía evidencia de delito, por eso el presidente rechazó recibirlo pero le dijo a Carpinteyro que se lo entregara al Secretario de Gobernación.
En esos momentos nadie denunció el presunto delito a la Procuraduría General de la República encabezada por Eduardo Medina Mora. La sorpresa por el atrevimiento de Purificación seguramente congeló cualquier reacción, pero un abogado litigante y experimentado como Gómez Mont, al que vimos en el cerro del Chiquihuite peleando con garra, el frío debió pasarle en minutos.
¿Acaso ocultaron el probable delito porque pensaron que no pasaría a mayores? Porque ante la presunción documentada con evidencias físicas, la única autoridad competente para iniciar o no una averiguación previa es la PGR, claro, con denuncia de por medio, denuncia que no se presentó.
Las cosas se complicaron y los ánimos efervecieron al punto de que Carpinteyro presentó su renuncia, y el presidente Calderón se la pidió a Luis Tellez, pero en ese momento de la trama, se habían dado los intentos de Germán Martínez y el presidente de Cofetel, Héctor Osuna, para quitar a Tellez de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ponerla en manos de un panista con el objetivo que manejara el presupuesto en infraestructura. Así está registrado en el chat entre Purificación y Osuna en la BlackBerry que entregó a la PGR, que sirvió para desmentir al presidente de la Cofetel de su negativa a participar en la entrega de escuchas ilegales.
En enero del 2009, el presidente Calderón sabía de los intentos de personajes de su partido por quitar a Téllez. Por lo tanto, cuando Carpinteyro sacó el disco en Los Pinos todos los presente conocían de la conspiración panista a la que se resistió el presidente de la república.
Queda para la Secretaría de la Función Pública el investigar el porque no denunció de inmediato Gómez Mont al ministerio público, siendo que el presidente le ordenó recibir el disco con las grabaciones ilegales, además se debe analizar la actuación de los servidores públicos que intervinieron en la trama de espías, espiados y conspiradores. Ahí hay delitos o violaciones a la ley que no deben quedar impunes.
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