Hugo Páez
Malos tiempos para la reelección de diputados y alcaldes, y buenos para tender cortinas de humo.
En momentos en que los problemas de México que se consolidan en primerísimo lugar como la crisis económica, el desempleo y la inseguridad; la propuesta del presidente Felipe Calderón parece una carnada para desviar el debate, ó un proyecto de clonación del calderonismo apostado en la Cámara de Diputados y alcaldías en manos del PAN.
La idea de que los electores premiarán ó castigarán a legisladores en una segunda elección consecutiva, es materia de ciencia ficción, cuando la mayoría de la población ni siquiera conoce al diputado de su distrito, menos su trabajo. En la práctica, el aplauso ó manotazo será para la generalidad de una bancada en la legislatura.
En un ejercicio de optimismo, tal vez los electores lleguen a informarse de cual partido actuó bien ó mal, sin embargo, hablar en específico de diputados, es una historia que corre en sentido contrario al modus operandi impuesto por los coordinadores parlamentarios: la imposición de la línea, que a su vez siguen instrucciones de sus líderes.
El debate tendría que analizar la gran cantidad de conflictos poselectorales que provocarán los 2440 alcaldes en funciones que pretendan reelegirse; la realidad habla de desvío de recursos, de dinero de giros negros, del narcotráfico, y la vergonzosa detención de presidentes municipales michoacanos relacionados con el crimen organizado.
Un cambio real sería la eliminación de senadores y diputados plurinominales y de primera minoría. Hablamos de suprimir un sistema de becas para la elite de los partidos que incluye a 200 diputados y 64 senadores. Para la tragicomedia política están los coordinadores parlamentarios de los tres grandes partidos de las dos Cámaras que no fueron electos por voto directo, sino por el beneficio “pluri”, por lo tanto, la naturaleza representativa del Congreso queda totalmente nulificada.
La equidad, como uno de los avances más accidentados en la democracia mexicana se vería afectada por la diferencia de recursos al alcance de diputado y alcaldes, frente a candidatos sin ingresos onerosos. Hablamos de diputados federales con percepciones mayores a los 130 mil pesos y alcaldes que cuentan con salarios y presupuestos municipales, que indudablemente competirían con una ventaja superior.
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