Hugo Páez
En la urgencia por aprobar la Ley de Seguridad Interior, a costa de ‘seducir’ a fracciones de las bancadas de oposición, está la necesidad de bajarle los negativos del fracaso en la lucha anticrimen a José Meade Kuribreña, el candidato presidencial del PRI.
Pero en esa intentona ‘temporal’, según sus defensores, la vamos a pagar todos.
El riesgo de que la ley dispare la violación a los derechos humanos no es una presunción sin fundamentos, es una simple progresión de la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, desde que las echó a la calle Felipe Calderón Hinojosa, amén de las prioridades malentendidas que dejaron al desamparo a las policías del país, y la enorme tolerancia a la corrupción de los gobiernos estatales. El 22 de noviembre escribí en este espacio Policías echados de hoteles, en un país con crimen récord, y partidos y gobiernos millonarios, las infamias a que es sometida la Policía Federal de Manelich Castilla (http://ow.ly/DbTv30gXKvD).
El Senado NO va a detener la Ley, es un proyecto político ligado a un candidato que necesita al menos 10 puntos para afianzarse, y estará en la conocida habilidad de Emilio Gamboa Patrón el sacarla antes del 15 de diciembre. Para esos propósitos ya se adelantaron Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón, de máscara panista, para justificar el ‘aval opositor’ a la “Militarización”, palabra que tiene muy nerviosos a los responsables de la imagen del gobierno federal y del PRI.
Como avanzada, las bancadas del PRI de César Camacho, del PVEM de Jesús Sesma y el PES de Alejandro González, y una bancada polarizada panista polarizada de Marko Cortés, hicieron lo suyo, así que los pronósticos hablan de la próxima semana.
La preocupación del gobierno federal se concentra en que la violencia y los asesinatos dolosos NO escalen en el electoral 2018, ya que los cuatro récords mensuales rotos en este año son verdaderamente escandalosos.
La Ley que se pretende aprobar en el Senado es tan peligrosa, que deja al criterio de la autoridad la posibilidad de reprimir manifestaciones con el ‘uso legal’ de la fuerza pública en manifestaciones que NO considere pacíficas.
Pero ese es sólo un pequeño ejemplo, otro retribuye la capacidad del Estado para espiar a ciudadanos y hacer labores de inteligencia sin rendir cuentas, además de que los habilita para pedir información sobre víctimas a las Comisiones de Derechos Humanos, de acuerdo al análisis de cientos de organizaciones civiles agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra.
Por supuesto que la Sedena de Salvador Cienfuegos Zepeda y la Secretaría de Marína de Vidal Soberón Sanz piden garantías jurídicas para actuar contra el crimen organizado en las calles. NO es su función, y ni siquiera están capacitados para hacerlo, y los grandes errores cometidos en realidad NO les corresponderían. En este escenario donde los metieron sin tener vela, la reacción natural es proteger a sus elementos.
Nadie, ni siquiera General, o el Almirante Secretario, protegen el actuar delincuencial o abusivo de algunos de sus elementos. Como pasó en la ejecución el 3 de mayo en Palmarito Tochapan Puebla de Raúl Jiménez Martínez, presunto ‘huachicolero’, por un elemento de la tropa, documentado en video.
Sin embargo, la fuerza excesiva es casi inevitable en un aparato institucional creado para funciones de guerra y salvaguarda de la Seguridad Nacional, NO de la seguridad interior en contacto con los ciudadanos.
La medida puede ser contraproducente, ya que la fuerza excesiva de los militares en las calles no se acabará por decreto de Ley. En los hechos, las Fuerzas Armadas van a pagar el fracaso del gobierno federal, en especial del Gabinete de Seguridad integrado por el titular de Segob Miguel Osorio Chong, Cienfuegos, Soberón, el procurador Alberto Elías Beltrán, Álvaro Vizcaíno del SESNSP y los gobernadores.
En la historia de los números récord, el interés político de algunos miembros del gabinete de seguridad crecieron el problema. No hubo mano firme, y SÍ demasiada burocracia, mediocridad y tolerancia a la corrupción de gobernadores.
Ahí están los ejemplos de Javier Duarte y Fidel Herrera en Veracruz, de César Duarte en Chihuahua, Mario López Valdez en Sinaloa, Egidio Torre en Tamaulipas, los Moreira en Coahuila, Fausto Vallejo en Michoacán, Roberto Borge en Quintana Roo, Rodrigo Medina en Nuevo León, Ángel Aguirre en Guerrero, y un largo etcétera que abona a la militarización iniciada por Felipe Calderón Hinojosa en el 2006.
Ahora se trata de proteger el año electoral a toda costa, de controlar los números que pegarán sin lugar a dudas al candidato Meade Kuribreña, a nadie más, por eso la declaración de Gil Zuarth y Lozano Alarcón a favor de la Ley, tal como está, si acaso con algún cambio simulador, que denote cierta ‘profundidad de análisis, con el objetivo de servir de coartada al PRI.
Esos mismos y la Segob negaron llevar a debate la separación de la Secretaría de Seguridad Pública, de Gobernación. El método y la fusión en supersecretaría, simplemente NO funciona, porque, como dijo María Elena Morera, presidenta de Causa en Común: la aspiración presidencial del titular de Gobernación estorba a la tarea institucional en la lucha contra el crimen organizado. Ahí están las consecuencias.
Se habla que la Ley de Seguridad Interior es una acción temporal, y que NO será uso discrecional del Ejecutivo la activación del protocolo de seguridad interior para la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles.
La historia de este país está llena de ‘soluciones temporales’ que llegaron para quedarse. A mediados del 2008, el entonces Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, me dijo que el Ejército regresaría a los cuarteles, a finales del 2009.
Esa solución temporal lleva once años.
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