Hugo Páez
Quirino Ordaz Coppel vive pendiente de lo políticamente correcto, y NO de los problemas reales de Sinaloa. El principal: el dominio del crimen organizado, exhibido en la arrogancia de organizar una fiesta con alcohol, drogas y mujeres en el penal de Aguaruto, horas antes de la fuga de Juan José Esparragoza Monzón, hijo de “El Azul”, uno de los íconos del Cártel de Sinaloa.
Como en todas las historias de corrupción, de inmediato el Secretario de Seguridad Pública, el General Genaro Robles Casillas, trató de culpar a los jueces, primero y cuarto, por amparar a los reos fugados, junto al “Azulito”: Alfonso Limón Sánchez, “El Limón”; Jesús Peña Gonzalez, “El 20”; Rafael Guadalupe Felix Núñez, “Changuito Ántrax”, y Francisco Javier Zazueta Rosales, “El Pancho Chimal”, a conciencia de que la autoridad ministerial debió solicitar Juez de Procesos el traslado inmediato, para invalidar la suspensión del traslado de los reos a un penal de Alta Seguridad.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, los jueces están obligados por ley a suspender el traslado de reos, como medida cautelar. Un proceso fácil de revertir, con la simple solicitud del Ministerio Público.
No se hizo, como tampoco el gobierno de Quirino fue capaz de supervisar las condiciones de lujo de los reclusos de alta peligrosidad, y, en consecuencia, la sospecha de contubernio de la autoridad penitenciaria de Aguaruto, a cargo del Ejecutivo.
Desde la toma de posesión, el gobierno de Ordaz Coppel decidió no intervenir contra la tiranía del crimen organizado, sino en ver la forma en que pueda acomodarse a sus maneras.
Eso mismo ocurrió al Jefe del Gabinete de Seguridad Miguel Osorio Chong con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a quien los custodios del Altiplano le llamaban respetuosamente “Don Joaquín”, documentado en videos de la fuga. Osorio reintegró en noviembre nuevamente a Monte Alejandro Rubido a Gobernación, cesado de la Comisión Nacional de Seguridad, sector a cargo del penal.
El Chapo fue capturado en Mazatlán, y después de la fuga del Altiplano, en Los Mochis Sinaloa. Evidentemente se sentía protegido, seguro “en casa”, hasta el momento ningún alto mando de seguridad estatal tiene un proceso por eso, y nada molesta al ex gobernador Mario López Valdéz -avatar del triunfo del PRI en el estado- en sus paseos en Maserati en San Diego. Ni Quirino lo ha llamado a cuentas.
Hasta el momento, la corrección política del gobernador de Sinaloa no da señales de investigar a Malova. Julio Ortíz Vega “El Kevin” fue encontrado “encobijado con cinta canela”, cinco meses después de masacrar a cinco elementos del Ejército en la zona conurbada de Culiacán, los plantíos de amapola aumentaron 70% en dos años en el Triángulo Dorado, y en consecuencia la producción de heroína, donde domina Sinaloa.
La corrupción NO solo es dinero.
No tiene sentido ignorar el dominio de la violencia para blanquear la situación de rosa. La idea de culpar a los jueces por la fuga de cinco reos peligrosos fue un movimiento desesperado del General Genaro, que obligó a la reacción del Poder Judicial Federal de Luis María Aguilar.
Cinco días pasaron y el procurador Raúl Cervantes Andrade no decide atraer la investigación donde evidentemente la autoridad estatal es motivo de sospecha a los niveles más altos.
Pero sí hay que aventarle todo el aparato federal a Andrés Manuel López Obrador por atreverse a sospechar de la sacralidad de las Fuerzas Federales.
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