Hugo Páez
En realidad Felipe Calderón Hinojosa nunca dijo: “Se los dije”, cuando menos no en público, por el profundo cambio estructural que implicó la integración de la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación, para convertir la de Miguel Ángel Osorio Chong en una supersecretaría.
Ahora la Coparmex se dice arrepentida, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, admitió la equivocación de las las organizaciones empresariales y patronales al apoyar la fusión, entre las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto.
Los empresarios pidieron al presidente dar marcha atrás y sacar el tema de seguridad de Bucareli, la iniciativa privada asumió el error el jueves, con un ‘mea culpa’: "Con la misma convicción que hemos mantenido el respaldo a la mayoría de reformas estructurales que impulsó el Presidente y aprobó el Congreso, debemos reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos", sentenció De Hoyos.
“Tienen razón, no funciona”, me dice María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, sin embargo, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia aseguró que la SSP en Gobernación: “Tiene una coordinación eficiente como ocurre en otros países, donde está vinculado con el Ministerio del Interior”.
El reclamo, fundado en la gráfica de la delincuencia organizada y en los resultados de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del INEGI a septiembre, arroja datos de terror: homicidios dolosos y secuestros a la alza, el 72% de la población se siente insegura en la ciudad donde habita y en algunas alcanza el 85%.
A raíz del ataque al Ejército en Culiacán Sinaloa, con cinco militares muertos, diez heridos, y ningún sicario caído, la preocupación por la inseguridad se disparó, peor aún, desde la toma de protesta del panista Javier Corral Jurado en Chihuahua, diez días atrás, van más de 50 muertes dolosas, y Rosas Aispuro en Durango, del mismo partido, lleva un promedio de siete diarios, a pesar de todo y que en lo que va del año la delincuencia rompió récord, y en septiembre se desbordó, hay datos que indican un la baja de guardia en los operativos de seguridad pública de la Sedena de Salvador Cienfuegos Zepeda y la Secretaría de Marina de Vidal Soberón Sanz.
En mayo del año pasado, la Secretaría de la Defensa reportó que el 90% de elementos castrenses destinado al patrullaje y operativos en las calles regresaron a los cuarteles, y no fue a petición del titular de Segob Miguel Ángel Osorio Chong, se dice en los mandos de seguridad pública que el repliegue provocó una serie de problemas.
El impacto del repliegue es: no hay elementos suficientes en la Policía Federal de Manelich Castilla Craviotto para cubrir esos patrullajes; desde la creación de la Gendarmería, siguen los mismos cinco mil elementos, y hasta el momento se detuvo el crecimiento programado de dos mil policías anuales; el presupuesto del Ejército crece desde hace años, inclusive en el 2016, pero se redujo en el 2017, por la disminución drástica de los operativos, esto es, en el 2016 Sedena recibió 72 mil millones de pesos, 977 millones más que en el 2015, pero en el 2017 tendrá 69 mil 407 millones.
La Semar recibió 27 mil 400 millones de pesos en 2016, 75 millones más que en el 2015, la reducción en 2017 es menor, sin embargo el tema de la inseguridad escala a niveles récord.
A la par, en esta semana, la Secretaría de Gobernación realizó otros cambios ligados a la seguridad penitenciaria, totalmente vulnerada por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera: el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero fue cesado, fue quien convenció a Renato Sales Heredia de la urgencia por reubicar al Chapo Guzmán del Altiplano al Cefereso No. 9 de Ciudad Juárez, un penal viejo con más de mil quinientos internos, agrupados en pandillas, entre los cuales se puede contar a un centenar afines al cártel de Sinaloa.
Antes del llamado de Miguel Osorio Chong a Eduardo Guerrero para integrarlo a los penales federales, después del trauma de la fuga del siglo en el Altiplano que le costó el puesto a directores y al Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido, al director Valentín Cárdenas y 10 funcionarios, Guerrero fungió como procurador de Hidalgo en la gubernatura de Osorio, al terminar el sexenio implementó programas en los penales de Juárez, y gracias a estos, el gobernador César Duarte Jáquez logró que el Papa Francisco oficiara misa en el Cereso No. 3, anterior escenario de cruentas batallas entre bandas de narcotraficantes.
Pero algo extraño pasó, tan sorpresivo fue el traslado del Chapo del Estado de México a Chihuahua, como el despido, con todo sigilo, de Eduardo Guerrero, sustituído por José Alberto Rodríguez Calderón el viernes 7 de octubre.
El combate al crimen organizado es una de las grandes frustraciones en este y el sexenio pasado, sin embargo pensamos que las cosas no podían ir peor y un cambio de método, si es que había, daría mejore resultados. No es así, el terror en la población es un hecho, lo refleja la Encuesta de Percepción del INEGI que también alertó a la Coparmex y ahora pide dar marcha atrás en la integración y darle independencia a la SSP de Gobernación.
Perdidos, es la palabra, cuando recurrimos al mapa para regresar al punto de origen.
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