Hugo Páez
Ante el largo retardo de una acción penal de la Procuraduría de Arely Gómez contra la diputada de Cosalá Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López, las filtraciones y el escándalo mediático exhiben una operación política del CISEN o de la Comisión Nacional de Seguridad contra Acción Nacional.
El primer golpe ocurrió antes de la fuga del penal del Altiplano de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, con la filtración de datos y fotografías al periodista Joaquín López Dóriga el 18 de junio del 2015. En esos momentos no había mayor alcance que el desprestigio, y el subliminal: Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna no pudieron capturarlo.
Pero llegó lo imperdonable el sábado 11 de julio al inicio de la gira presidencial de Enrique Peña Nieto por Europa, la fuga del Chapo. Frente a la vergüenza y el escándalo internacional, la relación de Lucero con Guzmán Loera era lo de menos, ahora es lo más, con la cercanía de los comicios en 12 gubernaturas.
A siete meses de la filtración de fotografías y datos de documentos falsos presentados en el Altiplano, que no pudieron estar al margen del conocimiento de Eugenio Imaz del CISEN o de Monte Alejandro Rubido García, entonces Comisionado Nacional de Seguridad, la PGR no inicia juicio de desafuero contra Lucero Sánchez, pero para efectos del objetivo de las policías políticas es lo de menos, el descrédito es el objetivo.
La cobertura del escándalo de la llamada “Chapodiputada” busca exhibir la moralidad del PAN. Así lo vivió Jorge Luis Preciado en Colima con la filtración de presuntos audios editados con una joven pareja sentimental, a días de la elección.
Y por supuesto es batería para la lucha interna, oportunidad de oro para el proyecto de retorno del calderonismo en la figura de Margarita Zavala Gómez del Campo. Sin importar el daño nuclear al partido, el misil para derribar a Ricardo Anaya Cortés puede abrir un boquete irreparable institución, cuando menos antes del 2018. En esa urgencia, la delegación especial de Federico Döring Casar en Sinaloa es una prueba de otras por venir. La firmeza para meter orden y contrarrestar el fuego del gobierno federal y la mano amiga de la familia Zavala y Calderón, no tiene segundas oportunidades, no para antes del 2018 si desbarranca la prueba del próximo 5 de junio.
Sinaloa es un estado cuestionadísimo por las dos capturas del Chapo en México. La primera en Mazatlán y la segunda Los Mochis en la administración de Mario López Valdez, el gobernador que abanderó reuniones de aspirantes del PRI al gobierno del estado. El líder del cártel del Pacífico fue capturado por primera vez en Guatemala, tocó al general Otto Pérez Molina, a la postre presidente, entregarlo a las autoridades mexicanas para internarlo en el penal de Puente Grande Jalisco.
Ante esa realidad que vivirá el PRI en campaña, la diputada Lucero Sánchez es el factor de contrachoque, a partir del despliegue de una campaña global que permita también preparar el terreno en las otras 11 gubernaturas en juego.
No importa la ausencia de la acción penal de la Procuraduría de Arely Gómez, la tesis que refuerzan “involuntariamente” Margarita y Felipe es: el capo más buscado del mundo se fugó primero en un gobierno panista, el de Vicente Fox Quezada, no lo tocaron jamás en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno del PRI lo capturó dos veces y así reparó el error y la vergüenza, pero existe una dama impulsada por el PAN para lograr la diputación de Cosalá, que al igual que Kate del Castillo, familia apoyadora de Acción Nacional en los tiempos de Fox, son ejemplo de la doble moral tolerante del crimen organizado que azota al país.
Ricardo Anaya y su equipo están a dos grandes fuegos sin una operación de suma que les permita hacer frente con efectividad, pero sobre todo, una amenaza que intenta dinamitar al partido para seguir el camino de Andrés Manuel López Obrador con la izquierda. Que les alcance o no, es otra cosa, pero el daño pasó de ser latente a efectivo.
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