RHugo Páez
Sorprende que en las columnas de opinión la nota es que el aspirante a Ministro de la SCJN Alejandro Gómez Sánchez se autodescartó, se hizo harakiri pues, al denunciar en el Pleno del Senado que la Sedena alteró la escena de hechos en Tlatlaya, y no la Procuraduría del Estado de México.
Sorprende porque periodistas y analistas la pasamos en críticas a la falta de autonomía entre poderes, de la relación de intereses al nombrar Consejeros, Magistrados, Ministros, etcétera, que obstaculizan llegar a la realidad de los hechos o defender el interés de los ciudadanos.
La denuncia pública contra el Ejército, a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que yo confirmé mediante una consulta, y, en efecto, viene así, debería incidir en la decisión de los senadores, cuando menos para acreditar a un aspirante que no se inhibe frente a instituciones como el Ejército.
El aspirante a Ministro de la Suprema Corte deslindó a la procuraduría mexiquense, y un día antes de las comparecencias de los integrantes de las ternas en la Cámara Alta, el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda escoltó al presidente Enrique Peña Nieto en el Día de la Armada en Veracruz y fue elogiado, junto con el almirante Vidal Soberón Sánz de ser garantes de la tranquilidad de los ciudadanos, por lo tanto, seguirán al frente de los operativos en las calles.
En uno de esos operativos el 30 de junio del 2014 fueron masacrados 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya Estado de México y ningún militar causó baja, ese evidente desequilibrio y el testimonio de dos víctimas mujeres es el kernel de la sospecha de uso indebido del servicio público.
En una entrevista a Televisa el 6 de octubre, el General Secretario sentenció “No permitiré que traten a mis soldados como criminales” en referencia al caso Ayotzinapa.
Pero en ese proceso del sistema de justicia mexicano que depende del ministerio público, en los hechos con un conglomerados de intereses y mandos superiores, el día cinco de este mismo mes el Cuarto Tribunal Unitario del Estado de México ordenó al juez 14 de Distrito del DF la liberación de 4 militares involucrados en el caso Tlatlaya: Alan Fuentes, Julio César Guerrero, Samuel Torres y Ezequiel Rodríguez porque la procuraduría de Arely Gómez González no aportó evidencia del uso indebido del servicio público.
El 20 de octubre el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Roberto Campa Cifrián reclamó que organizaciones de la sociedad civil y otras peticionarias expongan a México como un País donde las fuerzas federales acribillan y torturan inocentes, donde no se investigan violaciones ni se somete a los responsables a la justicia.
Campa Cifrián sentenció: "El Estado reconoce enormes retos, pero la evidencia indica que no es la realidad. México es un Estado de Derecho donde las fuerzas federales operan con protocolos y la población confía de manera mayoritaria en ellas".
Frente a señalamientos por ejecuciones extrajudiciales el subsecretario de Segob afirmó que las fuerzas de seguridad se rigen bajo protocolos de actuación, y en caso de irregularidades éstas siempre son investigadas.
La masacre de Tlatlaya es uno de los puntos referenciales en las crisis que ha pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo comenté desde el inicio de los hechos, en el que, por el desequilibrio del resultado: veintidos presuntos delincuentes muertos de un lado y cero de la parte militar, parecía a todas luces una ejecución extrajudicial y la autoridad civil era la indicada para aclarar los hechos, pero en el absurdo de tapar el sol con un dedo y evitar aplicar la ley a un pequeño grupo de militares responsables, le hicieron daño a toda una institución imprescindible en el combate al crimen organizado.
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