Hugo Páez
Ayer se despertaron los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con la información de que sus hijos eran narcotraficantes, horas antes de la cita en Los Pinos con Enrique Peña Nieto y funcionarios, en una evidente estrategia mediática para “bajarlos”.
Lo mismo le pasó a Andrés Manuel López Obrador el domingo, antes del mitin de MORENA en el Zócalo. Se levantó de la cama, con la novedad, también publicada en primera plana del periódico Reforma, de que el diputado perredista Oscar Díaz Bello, lo ligaban con el entonces candidato a la alcaldía de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Demasiada precisión para ser tiros al aire.
Al margen de los logros periodísticos, se descubre la mano detrás del golpe mediático que de botepronto beneficia al gobierno federal. No hay otra forma de interpretar la “oportunidad de la información”, que en otras hojas viejas del calendario, aniquilaron sin fundamento las aspiraciones políticas de Arturo Zamora a la gubernatura de Jalisco y las de Manuel Añorve a la de Guerrero.
No imagino más que humildad y orgullo en el grupo de familiares de Ayotzinapa, en todos los sentidos. Es una zona y una escuela que sobreviven en la pobreza brutal, extrema.
Tampoco los imagino totalmente exentos de cierta influencia del crimen organizado, como le pasa a miles en cientos de comunidades del país, donde la supervivencia exige, cuando menos, la complicidad implícita de la no denuncia.
Dicho en otras palabras: nadie se quiere morir por soplón.
Y no es necesario ser especialista para seguir la huella de la filtración de la declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, publicada ayer como nota principal del periódico Reforma.
¿Era necesario filtrar la información para humillar a los padres, en preparación de la cita con Enrique Peña Nieto, el gobernador de Guerrero Rogelio Ortega y funcionarios federales..?
Las publicaciones de ayer y el domingo son hojas de partitura de la misma orquesta. La que construyó a la figura del mal en los esposos José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, con muertes y desapariciones que parecen un guión de sobradisimo terror, a menos que ninguno de los dos tuviera el mínimo sentido común sobre el alud que les caería encima. Extraño porque les atribuyen un gran de olfato político.
Pero en este drama hay que preguntarse quién tiene la capacidad de transportar, ocultar y someter a 43 personas predispuestas a enfrentarse. Quien puede manipular la información, y filtrar a discreción y conveniencia las declaraciones de los presuntos implicados.
Sorprende la declaración de Miguel Ángel Osorio Chong, al afirmar que le dijo al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero que mantuviera vigilado al alcalde José Luis Abarca, para evitar su huída. Y remata con el señalamiento del carácter local del caso.
Extraña porque es de imaginarse al titular de Gobernación, con una Secretaría super reforzada como proyecto sexenal, que pueda echar mano de diferentes áreas de inteligencia y operación de diversas instituciones, para evitar la fuga de un presunto responsable de la masacre y la desaparición de estudiantes.
Hablo del CISEN, la PF, y la colaboración de áreas de inteligencia de la la Secretaría de la Defensa y la Marina. Los que salen en formación en conferencia de prensa, cuando atrapan a un super capo.
Suena raro escuchar: “Le encargue a Aguirre Rivero que lo vigilara…” ¿No habría que dar por hecho una posible complicidad entre el gobernador y el alcalde del mismo estado, y el mismo partido..? Además, con qué instrumentos jurídicos podría evitar el gobernador la huída, si la federación tardó tres semanas en encontrar elementos para hacerlo responsable.
A más de un mes de los hechos en Iguala, la ruta parece más compleja, menos creíble, y para colmo de males, llegó al ánimo del Papa Francisco. Sus declaraciones tienen eco mundial y pondrá a México en el mapa de la barbarie y la injusticia.
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