Alentar esperanzas, la estrategia infame de Aguirre Rivero
Hugo Páez
En otras condiciones, ausentes de carga política, la Fiscalía de Guerrero o la Procuraduría General de la República habrían llamado a los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa a identificar los cuerpos encontrados en las diez fosas de Iguala.
Pero en una maniobra perversa para ganar tiempo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero centra su discurso en alentar esperanzas que hunden en un estado de tortura a los familiares de los 43 estudiantes.
La crónica de la infamia describe el traslado de un grupo de familiares a la iglesia de Tepecoacuilco. El rumor llegó con puntos y comas con la descripción de otro hallazgo, esta vez los cuerpos fueron “ahorcados” y depositados en la iglesia. Una mentira que abona al coraje y al encono social.
Brutal la tensión a la que son sometidos los familiares de los normalistas para alargar lo inevitable, con la esperanza de calmar ánimos. Pero ocurre lo contrario, las protestas en Chilpancingo estuvieron cerca de un brote de insurrección, con ataques al Congreso del Estado, al Palacio de Gobierno y al Ayuntamiento, además del apoyo de maestros y alumnos de Michoacán que se trasladan a la capital de Guerrero, sumado al paro anunciado por la UNAM y la Universidad Metropolitana del DF, las próximas 48 horas.
Pero los datos hablan de elementos suficientes para involucrar a los deudos en la identificación de cuerpos, desde la declaración de los policías municipales de Iguala, de la fuga del alcalde José Luis Abarca Velázquez y los nexos de los hermanos de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa con el cártel de los Guerreros Unidos.
De los hechos del 26 de septiembre en Iguala, al sábado 4 de octubre que se encontraron las primeras seis fosas, pasaron ocho días y se pudo involucrar a los familiares, quienes son los indicados para reconocer algún elemento que ayude a la identificación.
Pero tuvo que pasar una semana más, hasta el sábado 11 de octubre, para que el Procurador Jesús Murillo Karam y el gobernador Aguirre Rivero instalaran el Comité de Atención a Víctimas del caso Iguala.
A partir de lo ocurrido ayer en Chilpancingo los escenarios son caóticos: si se identifica a los estudiantes con los cuerpos de las fosas de Iguala, crecerán los disturbios y el gobierno federal tendrá que probar que ese “Tope hasta donde tope” de Enrique Peña Mieto, es en serio, o las protestas serán terribles.
Si se mantiene la tesis de los desaparecidos, el problema se alargará peligrosamente hasta contaminar otros estados. La comunidad internacional tiene un ojo puesto en la “Barbarie mexicana”, como lo describió un comunicado de diplomáticos de la Unión Europea en nuestro país, el domingo.
No es la primera vez que se quiere ocultar la barbarie. Pasó en Tlatlaya Estado de México, tres meses atrás, con el asesinato de 21 personas por miembros del Ejército, y en noviembre del 2010, con la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey, también por militares, en un tiroteo en la avenida Eugenio Garza Sada en Monterrey Nuevo León.
Los cuerpos fueron ocultados durante horas. La Sedena filtró información malintencionada haciéndolos pasar por delincuentes, además de “perder” las credenciales del Tec, que hasta el momento no aparecen. La presión de alumnos, institución, y padres de familia, obligó a presentar los cuerpos y la identificación de los padres.
Pero Guerrero, al igual que otras ocho entidades, elegirán gobernador el próximo año. Nada más perverso que los intereses electorales ¿hasta donde se manipulará la crisis..? Esa es otra historia de terror.
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