Hugo Páez
En el peor de los escenarios para tocar un tema que se trató de evitar desde inicios del sexenio, Enrique Peña Nieto tuvo que reiterar, en el atrio de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, la disposición para ahondar en la investigación sobre la participación del Ejército Mexicano en la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México.
Se contaminó el propósito de la gira. Minutos antes participó con sus homólogos Michelle Bachellet, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos, pero Tlatlaya fue prioridad para los medios internacionales, que, en juicio a priori, ven el enfrentamiento con presuntos delincuentes como una masacre de las Fuerzas Armadas de México.
Los nuevos datos refuerzan la duda. El Segundo Visitador de la CNDH Marat Paredes me dijo el domingo que los 22 cuerpos abatidos el 30 de junio dieron positivo en la prueba de radizonato de sodio. Ayer reveló a Milenio que dos de las mujeres supuestamente liberadas del secuestros estaban detenidas en el Estado de México por acopio de armas de fuego, otros dos huyeron al momento de los hechos y otros tres son testigo, por lo tanto, la información inicial de Sedena que habla de 22 en total, corroborada por el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez y el gobernador Eruviel Ávila, es producto de la desinformación propiciada por los militares.
La prueba de radizonato es un elemento más para integrar el perfil de los presuntos delincuentes, pero dudo que este y otros análisis en los cuerpos y en el sitio de los hechos, reviertan la idea prejuzgada de una ejecución sumaria.
Seguramente no es propósito de la Procuraduría General de la República ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ir más allá de la verdad jurídica, pero el historial de desaseos de las autoridades de seguridad pública, en directo inducen a la desconfianza.
¿Masacró el Ejército a 22 civiles, que, delincuentes o no, tienen derecho a juicio..? Es la duda con respuesta anticipada en un sector de la población convencida durante lustros del abuso de autoridad, y a las que el sentido común les dice que difícilmente en un enfrentamiento entre dos grupos mueren 22 de un lado, y ninguno del otro. Las edades de los abatidos fluctúan entre los 18 y 30 años, sin embargo, hay cinco personas entre los 40 y 45 años.
Corre la versión del origen nebuloso de la denuncia pública que reprodujeron la agencia AP y Esquire, la semana pasada, en la que una mujer vio a un grupo de soldados asesinar a su hija de 15 años a tiros y ejecutar a otros 21 civiles, una vez que se rindieron. La versión habla del grupo delictivo La Familia, como el interesado en desacreditar a las fuerzas armadas para inhibir los operativos.
Pero con independencia de los intereses en juego, esperamos de las dependencias de Jesús Murillo Karam y de Raúl Plascencia Villanueva, la realidad de los hechos. El Ejército no es ministerio público, juez y verdugo.
El director de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, declaró el viernes pasado que de confirmarse la versión de la madre: “Nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres en México”. Evidente el juicio a priori que tendrá que enfrentar el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos.
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Muy deplorable que ya entrado en el siglo XXI (Y en el nuevo milenio!),aún existan esta clase de violaciones a los derechos humanos,pero más deplorable que una institución de matices tan brillantes como oscuros como lo es el Ejército siga basando varias de sus acciones con la simple frase porfirista de "Mátalos en caliente".
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