Hugo Páez
La sola actitud de Nelson Toledo ilustra la urgencia de quitarle la hegemonía a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre los organismos electorales, previstos en la Reforma Político Electoral que trata de revertir las bancadas del PRI en el Congreso con el Instituto Nacional Electoral.
En este espacio y en la columna LOS MALOSOS fue publicado el 13 de julio del 2013 (http://goo.gl/tOHqRD) las maniobras del Subcontralor de Atención Ciudadana y Normatividad del IEDF Nelson Toledo para proteger un megabono autorizado por los Consejeros del Instituto Electoral del DF, bajo la protección de la Asamblea Legislativa y la Jefatura de Gobierno del DF. Dádivas que someten a las cabezas del Instituto a los intereses del PRD en el caso de la capital de la república.
Ayer publicó el periódico Reforma un video (http://goo.gl/b8F9Hm) donde el hermano del delegado perredista de Coyoacán, Mauricio Toledo, pide diezmo a los miembros de la Contraloría del IEDF, presuntamente para entregarlo a diputados del PRD, operación que fue denunciada desde el 12 de agosto del 2013 (http://goo.gl/5c9I57) en LOS MALOSOS, bajo el título: “Cobran derecho de piso a funcionarios del IEDF por dejarlos trabajar”, tres colaboradores del Instituto me comentaron en voz propia que sus jefes les piden entre mil y dos mil quinientos pesos mensuales –dependiendo el nivel-. Para el Jefe de Departamento con un salario bruto de $41,587.81, según el tabulador JA70-13 tiene que aportar a $2,500 pesos mensuales, un Analista con un salario de $23,202.05 debe entregarle a Nelson Toledo $1,000.
En el mismo espacio fue publicado: no hay funcionario del IEDF que se trague el cuento de Nelson Toledo, subcontralor y poderoso hermano del Delegado de Coyoacán Mauricio Toledo. Las “cuotas” no van más allá de sus bolsillos y los de sus pares protegidos. El hostigamiento es tan fuerte que en los próximos días saldrá un funcionario importante, harto de las corruptelas, cobijadas por la autonomía del Instituto ya que no es sujeto de revisión de la Contraloría General del DF, sino por una Contraloría interna, o sea, juez y parte. Los funcionarios están totalmente indefensos de las arbitrariedades del hermano de Mauricio Toledo, solamente la Asamblea Legislativa y Derechos Humanos del DF pueden ayudar a detener este tipo de corruptelas que se pensaba habían quedado en el pasado.
El 19 de agosto del 2013 se dio la renuncia de Román Toledo Robles y se registró aquí mismo (http://goo.gl/Wu6ljn): Nada tiene que ver con los hermanos Toledo de origen chileno, dejó la Subcontraloría de Responsabilidades, asqueado de las corruptelas y “cobro de piso” a funcionarios que quieran conservar la chamba.
Tres meses después inició otra especie de razia en el Instituto Electoral capitalino, el 2 de diciembre comenté (http://goo.gl/p2hstL): Con razón el Congreso quiere echarle mano a los institutos electorales de los estados y el DF en la Reforma Político Electoral. La mayoría son parcelas de gobernadores, en el caso del DF los delegados más fortalecidos por las tribus de izquierda hacen y deshacen.
En el IEDF Mauricio Toledo a través de su hermano Nelson Toledo, subcontralor de Atención Ciudadana y Normatividad, despidió a cuatro funcionarios incómodos: Román Toledo, Ivonne Morales, Jetzahel Castro y Eduardo Escalante, en su lugar promovió a funcionarios cómodos para los Toledo, los ascendió de analistas a jefes de departamento sin cumplir requisitos, como es el caso de Octavio Pérez García. Sin embargo en los últimos días Nelson Toledo amenazó al Contralor General Miguel Ángel Mesa con fuertes represalias de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa si mantenía al Subcontralor de Auditoría y a una analista del área que estudia llevar su caso de acoso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con estos elementos difícilmente el Jefe de Gobierno Miguel Mancera podrá defender la permanencia de los institutos electorales locales.
Ahora Nelson Toledo mueve todos los hilos para llegar a la Contraloría del IEDF, su amigo Miguel Mesa Carrillo terminó su mandato de seis años el 28 de abril y dos Consejeros del Instituto lo promueven, a pesar de las pruebas de corrupción documentadas en un video, señaladas a detalle en Impacto nueve meses atrás.
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