Hugo Páez
No hay medias intenciones, la diferencia entre la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones y las leyes reglamentarias propuestas por el Ejecutivo son profundas. No lo verá en análisis de medios de comunicación ligados con la televisora de Emilio Azcárraga, es parte de la fuerza que ejerce en inimaginables sectores del Estado Mexicano, iniciativa privada y la sociedad civil.
Así podrá ver, por ejemplo, divergencias internas en las bancadas del PAN y el PRD, tal como ocurrió en el PRI cuando era oposición y se aprobó la llamada “Ley Televisa” en el 2006. “Fuimos presionados” dijeron algunos legisladores reconociendo el poder corruptor o intimidatorio de las televisoras.
Pero ahora se trata de un retroceso brutal cuando los incrédulos se convencieron, por un instante, que la reforma en materia de Telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto sería un referente histórico de firmeza. Lo entregado por el asesor jurídico de Presidencia Humberto Castillejos y el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, José Ignacio Peralta, es el documento del perdón a Televisa. No hay una forma más precisa de definir el intento de revertir las atribuciones otorgadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones en la reforma constitucional, ahora arrebatadas en la reglamentaria para reintegrarlas a la Secretaría de Gobernación y a la de Comunicaciones y Transportes.
Los cambios en medidas de preponderancia ahora son totalmente irrelevantes. El efecto fue medido por los mercados, una vez que se dieron a conocer las leyes secundarias de Telecomunicaciones los América Móvil de Carlos Slim cayó un 4% y Televisa subió a arranque más de 2% y terminó con un alza del 1%.
El coordinador de los senadores del PRI Emilio Gamboa Patrón asegura que la iniciativa sufrirá cambios. Es el preámbulo de que incluye puntos sacrificables, “dulces” que permitan una postura menos indigna a los legisladores que simulen estar a favor de conservar el espíritu constitucional, pero a la hora de sufragar lo hagan con la moral fragmentada que los caracteriza.
Existen propuestas tan cínicas en el documento de Castillejos - Peralta, como el hecho de que no es deseable que los elementos preponderantes tengan algún tipo de sociedad con periódicos impresos de circulación diaria. El consorcio de Emilio Azcárraga no tiene sociedad alguna con periódicos, sin embargo, edita decenas de revistas impresas de todo tipo, y es propietaria de sitios de internet que compiten con los diarios impresos. De esa demostración de pleitesías está llena la propuesta reglamentaria de Telecomunicaciones del Ejecutivo.
En realidad se trata de un golpe a la democracia a partir de conservar los privilegios del monopolio disfrazado de duopolio, de consolidar a una corporación de medios con influencia capaz de dirigir el destino político del país, aun cuando los apologistas nos expliquen el proceso de “apertura” desde Azcárraga Vidaurreta pasando por Azcárraga Milmo hasta Azcárraga Jean. Y la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Para muchos de estos apologistas el cambio del partido en el poder en el 2000 es la mayor de las coartadas.
Presidentes de la república tienen en su historial el sentirse rehenes de Televisa. Como elemento concentrador abren, cierran o esconden en horarios anodinos la difusión pública de las acciones de gobierno, según quieran apretar al Ejecutivo o ejercer algún tipo de presión en contratos de algunas de las decenas de compañías que gravitan en el corporativo.
Este tipo de decisiones es completamente natural, de libre albedrío en los contenidos, siempre y cuando se den en una atmósfera de libre competencia, de apertura real y de mecanismos que eviten la concentración de medios. No es el caso, en México la realidad de la difusión pública es Televisa. Si no lo pasa Televisa no existe o medio existe, esa fue la causa de la presión argumentada por los legisladores cuando aprobaron la llamada “Ley Televisa” en el 2006, y ese será de nuevo el mecanismo para imponer una ley reglamentaria que revierta la Reforma Constitucional aprobada el año pasado en el Congreso.
Ahora la presión a los legisladores la tendrán que ejercer los ciudadanos. Esperar a que lo hagan los medios de comunicación es un sueño, gracias al número de medios ligados, asociados o comprometidos con la empresa de Azcárraga. Se verá en los próximos días que los comentarios y las notas dirán: “No se ponen de acuerdo los panistas y perredistas, unos dicen una cosa y otros se contradicen”, “No hay forma de entender a los políticos…”, etc. Se trata de crear una atmósfera de confusión y falso debate para terminar eliminando algunos puntos “sacrificables” de la ley reglamentaria, sin tocar los intereses de Televisa.
No hay más que darle seguimiento al trabajo legislativo, ejercer la fuerza ciudadana y señalar sin tregua a los que reviertan la Reforma Constitucional. A los que desde el Senado, la Cámara de Diputados, el gobierno federal y los partidos digan: “No te preocupes Televisa”.
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