Hugo Páez
Mucho se han publicado sobre el
operativo de la Policía Federal para desalojar a un grupo de maestros que
tomaron la Autopista del Sol México - Acapulco en la turística Semana de
Pascua.
En general, las opiniones avalan la
limpieza de la acción coordinada por Manuel Mondragón y operada por Enrique
Galindo Ceballos, que a línea de vista muestran un resultado relativamente pulcro
frente a los riesgos en este tipo de intervenciones de la fuerza pública.
Pero mas allá de la superficie del
criterio formado por el registro de los medios de comunicación, existe un
documento como guía, emitido el 26 de enero del 2006 por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, coordinado por la Segunda Visitadora Susana Talía
Pedrosa, relativo al “Uso ilegítimo de la fuerza y las armas de fuego por
los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley”
(texto completo http://es.scribd.com/doc/134822124/CNDH-Uso-Legitimo-de-Fuerza-Publica).
El titulo lo dice todo, y posterior a
la administración de José Luis Soberanes no se ha publicado otro documento del
tipo, clasificado como Recomendación General 12 de la CNDH.
En la ortodoxia de los organismos de
derechos humanos con frecuencia encontramos lo que en percepción ciudadana y de
las autoridades sería una especie de sobreprotección a las actos en presunción
de delito que pareciera maniatar a la autoridad.
En mas de una ocasión me comentaron en tono de molestia el
ex Secretario de Seguridad Pública y un ex Procurador la posición protectora de
los funcionarios de derechos humanos nacional y estatales con los presuntos
delincuentes, no solo del fuero común, sino algunos de ellos pertenecientes a
bandas del crimen organizado. En todas esas pláticas mi opinión fue que la
autoridad debe hacer su trabajo respetando los derechos humanos, aun cuando la
mayoría de los líderes sociales dedicados al tema critiquen frecuentemente a
estos organismos.
El desalojo de los maestros en la
Autopista del Sol fue un escaparate que exigía pulcritud y mesura de la
autoridad, sin embargo, esa circunstancia podría ser utilizada por los
activistas para victimizarse ante los medios de comunicación. Al parecer, la
estrategia de la Policía Federal no dejó espacios para ese peligroso escenario,
y el resultado fue bastante aceptable.
Pero será otra historia si los maestros
se alían a los grupos de autodefensa y policías comunitarias de Guerrero que
usualmente portan armas de fuego.
Cito un apartado del documento en
referencia: Respecto del uso de las armas de fuego por los funcionarios o
servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, el Código Penal
Federal, en sus artículos 160, segundo párrafo, y 162, último párrafo, señala
que los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el
ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas,
y autoriza a los funcionarios y agentes de la autoridad a portar las armas
necesarias para el ejercicio de su cargo. En esta materia, la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos señala, en su artículo 24, que los integrantes de
las instituciones policiales, federales, estatales, del Distrito Federal y
municipales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar
armas, de conformidad con las leyes aplicables.
La primera prueba fue superada por
Mondragón y Galindo Ceballos, sin embargo, en la reagrupación de los activistas
en Guerrero se ve la venenosa intención política mas allá de un reclamo
magisterial que habrá de ser con toda la inteligencia de los hombres de Miguel
Osorio Chong.
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