Hugo Páez
El PAN va a tener que hacer lo suyo si las procuradurías estatal o federal no prueban algún delito a Jonás Larrazabal.
Se va a obligar a expulsarlo porque la verdad real rebasó a la verdad jurídica, parafraseando al presidente Felipe Calderón, y, aunque no haya elementos suficientes para consignar a Jonás, esa verdad mediática los tronó y metió al partido y al candidato presidencial de Larrazabal, Ernesto Cordero, en una espiral de conflictos internos y descrédito brutal.
Y la verdad jurídica se complica cada vez mas ya que Sergio Gil García, representante de los Casinos Red no presenta denuncia alguna contra Jonás Larrazabal, protagonista de los videos que muestran la recolección de dinero en efectivo por supuesta venta de productos de Oaxaca.
Al parecer ni estos, ni el video donde un grupo de delincuentes somete a clientes del Casino Red en una acción intimidatorio, son elementos que liguen a Jonás con la delincuencia organizada, pero el daño al PAN está hecho por la resistencia del alcalde de Monterrey a pedir licencia.
Peor, imposible. En el reparto de culpas que provocó la masacre de los 53 muertos del Casino Royal, el escenario mejora para Rodrigo Medina, la permanencia de Larrazabal en la capital de Nuevo León levantan la imagen del gobernador frente al partido opositor, y si Gustavo Madero no logra tumbar a Larrazabal tendrá una posición debilitada en la elección intermedia del estado.
Fernando se escuda en la verdad jurídica, Felipe Calderón habla de la verdad real que enfrenta la masacre como un evento mas de las 50 mil muertes dolosas facturadas a su sexenio.
En principio, el alcalde rebelde servirá a Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota para torpedear a Cordero, quien vio en Larrazabal al operador ideal para atraer al panismo del estado, nada despreciable cuando se trata de uno de los bastiones mas sólidos, donde el alcalde hizo su chamba en beneficio del ex Secretario de Hacienda.
Pero todos los argumentos electorales pasaron a segundo término cuando está en juego la libertad de su hermano, y, de probarse la presunta corrupción, la del mismo Fernando, aun cuando pida cárcel para Jonás de existir algún delito que lo amerite.
La solución se complica, tendrán que ponerse todas las cartas sobre la mesa para evitar una injusticia y resultar con el menor de los daños, pero no se trata de un problema jurídico, como dijo Leoluca Orlando el ex alcalde de Palermo, se trata de un dilema ético en el que un alcalde de una ciudad asediada por el crimen organizado no puede tener familiares bajo sospecha de estar ligados al crimen organizado.
Blog: http://hugorenepaez.blogspot.com/
twiiter: @hugopaez correo: hugopaez@prodigy.net.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario