El “Presunto culpable” del gobernador Fernando Toranzo

Hugo Páez

         La historia de una injusticia puede ser tejida múltiples formas, pero el calvario de José Carlos Contreras Rodríguez de 65 años, preso en el penal La Pila de San Luis Potosí desde hace dos años ha servido para desviar la atención de una serie de crímenes de género y edad que suman 27 jóvenes mujeres en lo que va del gobierno de Fernando Toranzo, que en la mas brutal de las ligerezas declaró que algunas podrían estar asociadas al crimen organizado.

         José Carlos es un sacerdote salesiano descrito por su comunidad como el mas austero y fiel dedicado a su ministerio. En el 2007 apareció el cadáver de la joven Itzashel Shantal González López de 16 años en el colegio Carlos Gómez a tres días de su desaparición, maltratada, violada y asesinada. La investigación concluyó que el sacerdote estaba implicado porque era el único que se encontraba en la casa sacerdotal, cuando la joven desapareció, además de que se encontraron manchas de sangre que un peritaje determinó posteriormente que era de origen animal.

         Para mala suerte del sacerdote la orden contrató al abogado Cándido Ochoa que al estudiar el caso no dudo en respaldar públicamente la inocencia de su cliente, sin embargo el recién nombrado gobernador de San Luis Potosí le ofreció el cargo de Procurador de Justicia del Estado, renunció al caso argumentando conflicto de intereses que no aplicó al enviar a la cárcel a José Carlos bajo presiones de los feminicidios que empezaban a incrementarse sin control.

         Ante el control que ejerce Fernando Toranzo sobre los poderes que deberían ser autónomos, como el judicial manejado desde la Secretaría de Gobierno por el magistrado con licencia Marco Antonio Aranda y el Congreso del estado donde la priista Beatriz Benavente Rodríguez preside la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Genero, el obispo Raúl Vera presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas viajó a San Luis para protestar por los feminicidios y la detención del sacerdote José Carlos Contreras.

Frente a las autoridades del Estado de San Luis Potosí, expuso las preocupaciones por las irregularidades que se dan en el proceso contra José Carlos Contreras Rodríguez. Vera denunció de la incapacidad que la acusación ha mostrado para comprobar con sustentos científicos su culpabilidad en el asesinato de la niña Shantal faltando de esa manera a la justicia en dos vertientes: en primer lugar, para la niña Shantal, porque después de su asesinato hace 4 años, el crimen sigue impune, como la mayoría de los los feminicidios que se han dado en el Estado de San Luis Potosí. En segundo lugar, se niega la justicia al sacerdote salesiano porque se le ha negado el acceso al debido proceso, como ha sido documentado por la defensa.

La protesta de Vera incluyó el extrañamiento por el retraso en tiempo para cerrar la Instrucción por parte de la juez que ha ordenado una valoración psicológica del acusado. El obispo manifestó que esta medida es una acción deliberada para mantener sin razón en la cárcel al Padre Carlos, y sospechosamente ahora toma esta medida cuando desde el mes de octubre pasado la defensa impugnó a la persona del penal que realizó la valoración psicológicamente porque no acreditó su cédula profesional para actuar como tal. Exigió al Secretario de Gobierno que se realice tal valoración y se haga respetando los derechos humanos del acusado que ha sido sometido a interrogatorios de 3 horas, cuando deberían durar veinte minutos. Los definió como métodos de tortura.

         El obispo de Saltillo solicitó que se continúe la averiguación previa en la que fue identificado un varón entre 25 y 35 años, por más de 20 testigos, a quien se le observó en los espacios cercanos a los que se cometió el crimen, coincidiendo con las horas en las que éste se perpetró. El dictamen pericial indica que el asesinato se realizó cuando se terminaban las actividades en el Colegio, el sábado entre las horas que el alumnado y el personal abandonan el Colegio. Esta persona fue vista inclusive bajando del salón donde se encontró el cadáver el lunes siguiente a ese sábado.

La línea de investigación a este individuo se abandonó para abrir una nueva averiguación enfocada en los padres salesianos, directamente con el padre José Carlos y se hizo a partir de la publicación de un libro titulado "Shantal asesinato en el Salesiano" de Juan Ceballos, presentado en la logia masónica, posteriormente detenido por la SIEDO por ligas con el cartel de La Familia.

El libro aparece en el momento en que el padre José Carlos va a ser aprehendido y declarado formalmente preso, y fue utilizado como argumento de pruebas oficiales en su contra.

         Raúl Vera expuso estos argumentos el martes ante las autoridades y advirtió que mientras se intenta fabricar un asesino con pruebas que no llegan a evidencia se deja en el vacío otra averiguación y otras posibles que conduzcan a encontrar al criminal cuyo perfil está perfectamente identificado en el proceso y que corresponde a una persona de entre 20 y 35 años de edad de 1.80 metros de estatura, con lo cual se niega justicia a la víctima.

         El discurso de Fernando Toranzo se caracteriza por dos posiciones disímbolas, mientras se operaba el ataque mediático a partir de un delincuente capturado por la SIEDO, promovido por la logia masónica local, el gobernador guardaba silencio, ahora que Raúl Vera encabeza la protesta pública por la injusticia contra el sacerdote José Carlos Contreras y contra los feminicidios, Toranzo exige que el tema sea tratado estrictamente en tribunales, que por cierto están altamente influenciados por el Secretario General de Gobierno Marco Antonio Aranda, magistrado con licencia.

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