Engañaron al presidente Calderón

Hugo Páez

El presidente Felipe Calderón se sintió atacado.
Sumado a las críticas de organismos internacionales y de derechos humanos contra los encargados de la seguridad pública en México, se agregaron el martes las de Ana Franco y Alejandro Martí, presidentes de las organizaciones México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y SOS.
Sentenciaron: el gobierno reprobó en seguridad. El presidente reaccionó y los metió en el mismo saco que a Human Rigth Watch, CNDH y demás ONGs. Lo peor es que infirió que son vividores, con ese lenguaje lleno de trampas dialécticas para decir lo que se quiere, pero con salidas de emergencia para que sus voceros puedan alegar que no lo dijo.
Cualquiera montaría en cólera cuando tu proyecto sexenal, la lucha contra el crimen organizado, resulta doblemente reprobado. Primero en la elección del 5 de julio en la que su partido perdió una gran parte del Congreso, 4 de 5 gubernaturas y cientos de alcaldías. Segundo, en la evaluación por parte de la sociedad civil, de los compromisos de seguridad pública al cumplir un año.
Alguien en el gobierno federal le mintió al presidente al convencerlo de que los acuerdos se estaban cumpliendo, que mes con mes la auto evaluación era satisfactoria.
La realidad es otra, la evaluación de 400 cuartillas que presentó Ana Franco, producto de meses de trabajo y semanas de conclusiones en las que participaron universidades, investigadores y colaboradores de México Unido, pudo estar manufacturada con metodología y criterios propios, sin embargo coincidió con Alejandro Martí, con una diferencia de una décima de punto. Nada.
En respuesta, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubideo, prometió presentar hoy una evaluación de los acuerdos, hecha por el gobierno federal. Para términos prácticos es una auto evaluación, una auto calificación.
Seguramente el 4.8 y 4.7 de calificación reprobatoria de Ana Franco y Alejandro Martí dolieron mucho, y en una continuidad con el silogismo que planteó el empresario un año atrás, la siguiente pregunta es ¿Quién va a renunciar?
El 21 de agosto del 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial 4 dias después. Asistieron gobernadores, representantes de los municipios, secretarios de estado, representantes de la sociedad civil como María Elena Morera y Alejandro Martí, y el presidente de la república.
Fue una respuesta mediática, faraónica, a los estridentes reclamos de la sociedad, en un escenario monumental: Palacio Nacional.
En esa ocasión Roberto Campa Cifrián leyó los 74 mandamientos autoimpuestos que regirían la política de seguridad para dar una respuesta efectiva en tiempo y forma a los mexicanos.
El martes pasado, Franco y Martí demostraron que el gobierno mexicano no cumple, que puede tener las mejores intenciones, pero no sabe como hacerlo. Se habla de grandes baches en la ley que impiden que gobiernos estatales y municipales hagan funcionar la visión global de policías unificadas, que en esas condiciones es imposible construir una bases de datos robusta para un efectivo combate al crimen organizado. Se habla de feudos en los estados que imponen barreras para proteger sus intereses, es historia conocida y seguramente existe un mar de problemas para lograr la efectividad necesaria, prometida, firmada un año atrás. Pero como dijo Alejandro Martí: si no pueden renuncien.