¿Sobrerreacción al crimen organizado para aprobar leyes de estado policiaco?

¿Pueden ocho mil personas traer en jaque al ejército, policía federal, ministerial, municipales y estatales?
Es el número que calcula el gobierno federal conforman las bandas más importantes del crimen organizado: La Familia y Los Zetas, que operan en el país, algunas veces al servicio de carteles y otras por cuenta propia.
Se instalan en ciudades pequeñas como las 10 alcaldías de Michoacán, con habitantes de 10 a máximo 120 mil habitantes, en donde pueden coptar, intimidar y comprar autoridades, normalmente inferior a la fuerza de las bandas.
A pesar de que los grandes centros urbanos como la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Acapulco, Cuernavaca, Querétaro, León y Tijuana, son mercados codiciados, es casi imposible dominar ó intimidar a toda la fuerza pública para controlar tráfico de droga, secuestros y extorsión.
Ejecutados, mutilados, mantas contra la policía federal distribuidas por toda la república hacen un espectáculo de terror, útil para justificar reformas duras a la ley, propias de un estado policiaco, que no solo podrán aplicarse al crimen organizado, sino al ámbito civil de acuerdo al amplio espectro de posibilidades permitidas, bajo el supuesto de proteger siempre los derechos humanos, que en el caso de escuchas telefónicas, la policía federal podrá solicitarlo directamente al juez, y las investigaciones se harían argumentando presunción de delito con “guía” del ministerio público.
Todos sabemos lo que eso significa. Todos sabemos que lo ilegal no impedía el espionaje telefónico y ahora con el marco legal, menos.
Como en la epidemia de influenza A, ¿Cómo podemos saber si hay sobrerreacción de las autoridades, que no desaprovecharon la muerte del joven Fernando Martí para apretar al Congreso para la aprobación de reformas?
Se habla de proliferación del crimen en territorio nacional pero no de pronósticos concretos ó en estimaciones de modelos confiables basados en información de inteligencia, en concreto, contra el número de delincuentes que estamos pelando. ¿Será un trabajo imposible para inteligencia militar y civil?
Por supuesto los resultados si se exhiben. Toneladas de mariguana incautada, 235 millones de dólares más 41.6 millones de pesos asegurados a los que se agregan 7,912 vehículos y 9,759 recuperados.
¿Cuántos delincuentes libres hay que atrapar? ¿Qué necesitamos para hacerlo? La estimación de 8 mil delincuentes en operación, que utilizan a miles de narcomenudistas, informantes y otras actividades delictivas es un dato que da una idea del problema y no es catastrófico, si tomamos en cuenta a 150 mil elementos de fuerzas federales.
Las reformas que pretendían cateos sin orden del juez y las que tratan de blindar al ejército dándole estatus de fuero de guerra en labores civiles, más la ductibilidad del espionaje telefónico legalizado pueden van sobre 8 mil delincuentes en estos momentos, la inmensa mayoría de ellos de bajo perfil, educación elemental e ingresos medios que son ridículamente bajos comparado con el riesgo implícito.
La tentación de un estado policiaco acompaña a la historia de los gobiernos del mundo y se convierten en sistemas de terror cuando el jefe de estado ó los intereses del grupo en el poder lo requieren.
Germán Martínez insiste en que gobiernos del PRI toleraron y permitieron el crecimiento del crimen organizado, llámese narcotráfico, secuestro y extorsión, como sus máximas expresiones. Bien, siguiendo la tesis del presidente del PAN, ¿que pasaría si regresara el PRI a la presidencia de la república, ahora con leyes de control mucho más duras que las que tuvieron en su momento, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría y Gustavo Días Ordás? y con las mismas mañas que acusa Martínez, permitieron la expansión de los cárteles de la droga.
El martes el presidente Felipe Calderón afirmó en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que gobiernos del pasado fueron tolerantes y se arreglaron con el crimen organizado. Digamos que es la tesis de Germán sin etiquetas.
Quiere decir que si regresa “el pasado” va a estar bien armado con leyes coercitivas, aplicables sin la ética que presupone ser miembro del PAN, ¿O toda la estrategia está diseñada para impedir el regreso al pasado? Porque si el gobierno federal no lo logra nos va a joder, por supuesto, en esta tesis del bien y el mal que acomoda muy bien a la campaña electoral.